El Gobierno ha fijado 2024 como el año a partir del cual podría implantar un mecanismo de pago por el uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, según refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

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Este plazo se justifica porque de acuerdo con la experiencia internacional, de dos a tres años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso en España.

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.

El Gobierno es consciente de que "es esperable cierto rechazo inicial". Por ello,  unas tarifas asumibles por la población a nivel global pero que garanticen una financiación es fundamental. También trabajará para que las tecnologías que se empleen para el cobro puedan ofrecer otros servicios al

usuario.

Va más allá. Para una mejor aceptación, pretende que la implantación del pago por uso pueda ser escalable y progresiva (por ejemplo, tarificando inicialmente únicamente la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes de forma progresiva). Además, pone encima de la mesa reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos.

Costear su conservación

Tal y como expone en el texto, los costes de conservación de la red estatal de carreteras (que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de

carreteras de alta capacidad) "son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios".

Esto, añade, "está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial". Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

La imposición de un pago por uso permitiría, según el Ejecutivo, garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) calcula que el Estado podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por el pago por uso en la red española de autovías en un sistema que generaría 12.650 millones de euros anuales.

Esta medida, incluida en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, ya ha iniciado su andadura en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y tiene establecido un primer hito en el primer semestre de 2021 con la elevación del texto para primera lectura en Consejo de Ministros. Por último, su aprobación se espera para el segundo semestre de 2023.

Revisión de impuestos

De efecto más inmediato para los propieatarios, el Gobierno revisará durante el primer trimestre de 2022 los impuestos de matriculación de los vehículos y de circulación, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado este miércoles por el Ejecutivo.

Este cambio quedaría fuera de la reforma fiscal que se comenzará a aplicar en 2023. El documento incorpora así el objetivo de realizar una revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de los vehículos, con la intención de adaptar estas tasas a estándares medioambientales. En el primer trimestre del año que viene se analizarán las propuestas del comité de expertos en este ámbito.