El pasado jueves pasaron por la Audiencia Nacional miembros del FROB y apuntaron al organismo que preside König como responsable de algunos de los problemas clave que padeció el banco hasta llegar a su desaparición y quedar integrado en el Santander.

König ya fue preguntada por estas cuestiones en el Congreso en 2017, cuando acudió para comparecer en la comisión que trató de esclarecer este caso, y el balance de su intervención fue decepcionante, ante su negativa a responder a cuestiones clave.

Han pasado ya tres años y medio desde entonces y con la investigación judicial todavía abierta, el juez, José Luis Calama, cuenta cada vez con más datos que apuntan a que este organismo que tiene su sede en Bruselas pudo no actuar con la diligencia debida para evitar aquel final.

Informe de Deloitte

Según el testimonio del director de resolución del FROB, Javier Torres, al que ha tenido acceso este periódico, el informe que la JUR encargó a Deloitte no se elaboró conforme a la norma.

La auditora recibió el encargo de hacer una valoración del banco y entregó un primer informe a los 12 días, pese a que el propio documento reconoce que para hacer ese trabajo de forma correcta son necesarias al menos seis semanas. 

Con más tiempo, Deloitte tendría que haber entregado otro informe a la JUR con una valoración definitiva. Pero no lo hizo porque el organismo que preside König estimó que no era necesario.

"Fue la propia JUR la que decidió no presentar o no hacer esa segunda valoración definitiva. La razón que alegó es que dado que el proceso de resolución se había hecho a través del mecanismo de venta de negocio y no de bail-in [rescate], decaía el sentido de tener una valoración porque la mejor valoración era el interés mostrado en proceso competitivo", afirmó Torres en la Audiencia Nacional.

Después, reconoció que esa decisión fue polémica y a preguntas de los abogados -en especial, de la defensa de Ángel Ron,- explicó que el procedimiento no se hizo conforme a la norma.

Poca transparencia

Según las declaraciones que se han ido sucediendo en la Audiencia, las incógnitas que rodean a la actuación de la JUR en este caso son notorias y este informe -de "muy pocos folios" y que llegó con tachaduras- es clave.

Fue un documento que solo tres personas del FROB pudieron consultar dentro de un procedimiento que directivos de este fondo han calificado de "poco transparente".

El expresidente del organismo, Jaime Ponce, fue otro de los testigos que pasaron este jueves por la Audiencia Nacional para declarar en este caso.

Los miembros del FROB apuntaron a que la falta de transparencia podría formar parte de la estrategia de la JUR para despistar al mercado antes de tomar la decisión de llevar a cabo la resolución de una entidad.

Filtraciones

En el caso del Popular, que fue el banco que estrenó este mecanismo, la decisión se tomó en la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando se cerró la compra por un euro por parte del Banco Santander. 

Se hizo después de un desplome bursátil y una salida de depósitos motivada por varias cuestiones. Entre otras, dos intervenciones de la JUR en prensa, que también han salido a relucir en esta investigación.

También este jueves, Ponce reconoció que envió dos quejas formales a König por correo electrónico para expresar su preocupación con las noticias que estaban apareciendo en medios internacionales procedentes de la JUR y apuntando a la mala salud del banco.

En una entrevista, en mayo de 2017, König afirmó que estaba monitorizando la situación del Popular en un momento de preocupación en los mercados por el devenir del banco. Semanas después, se fue más allá y una filtración a la agencia Reuters desveló que la JUR estaba trabajando en la resolución de la entidad que presidía en aquel momento Emilio Saracho.

Para esclarecer esto, la JUR se comprometió a aportar dos correos electrónicos que Calama todavía no ha recibido, según ha podido saber este periódico.

El FROB expresó su malestar por estas filtraciones y al mismo tiempo, lamentó que el organismo europeo no fuera más transparente en este caso. Algo que, según se ha explicado en la Audiencia Nacional estos días, estaría justificado porque la JUR considera que si es demasiado transparente el mercado puede conocer demasiado bien sus criterios a la hora de adoptar la decisión de resolver una entidad, algo que sería contraproducente en opinión de sus funcionarios.