Fernando Cano Elena Lozano Eduardo Ortega Socorro

El ERE de CaixaBank que prevé la salida de casi 8.300 empleados ha generado una gran preocupación en el Gobierno. En el equipo de Pedro Sánchez se sabía que la fusión de CaixaBank con Bankia inevitablemente acarrearía despidos, pero no imaginaron la elevada magnitud de los mismos, ni las condiciones poco favorables en las que se plantearon.

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En Moncloa temen además que una aprobación de este expediente, en las condiciones planteadas y en los números presentados, genere una oleada de 'macro ERE' en otras grandes empresas españolas y en sectores como la banca, el turismo o la distribución.

Por ello, han emprendido una campaña para presionar a CaixaBank liderada por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y con la ayuda de líderes de Unidas Podemos, para que la entidad no solo rebaje considerablemente los despidos, sino también para disuadir a otras empresas que puedan estar pensando realizar ERE con estas magnitudes.

Si se aprueba un ERE a más de 8.300 personas, nada garantiza que otras grandes empresas del Ibex 35 se lancen a expedientes similares. Una situación que quiere evitar Moncloa porque podría poner en riesgo la paz social que ha logrado mantener a base ERTE, ayudas a las empresas y diferentes medidas para paliar el impacto de la Covid.

También se podría poner en riesgo la buena relación que existe entre el Ejecutivo y las grandes empresas. Un periodo en el que ha predominado el diálogo, pero que está en peligro si es que finalmente CaixaBank y otras empresas en el futuro sacan adelante este tipo de ERE.

Declaraciones de Calviño

Un descontento que ha manifestado la propia vicepresenta segunda y ministra de Asuntos Económicos. Este miércoles llamó a la banca a "actuar con responsabilidad" y afirmó que el Gobierno va a "seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo".

Calviño aseguró que, ante los retos a los que se enfrenta el sector, el Gobierno ha "venido instando" desde hace tres años a "buscar y trabajar activamente en alternativas" y "hacer todo lo posible" para evitar los despidos. En esta línea lanzó además un duro ataque contra la política de remuneraciones del sector calificando de  "inaceptables" los "altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades".

Pocas veces se ha visto a la vicepresidenta Calviño realizar declaraciones tan directas y atacando políticas retributivas de un sector, una situación que ha sorprendido por la dureza de sus planteamientos.

En el Ministerio de Asuntos Económicos no se sienten cómodos con el ERE ni con los expedientes que se han presentado en la banca porque se considera que van en contra del escudo de protección que han creado durante toda la Covid, haciendo un gran esfuerzo inversor con recursos públicos y aprobando medidas para proteger el empleo, como los ERTE.

En el Gobierno se advierte además que en un futuro en el que se recibirán 140.000 millones de fondos europeos los ERE masivos atentan contra la reconstrucción económica.

Presiones de Unidas Podemos

Un mensaje que comparte la parte más morada del Gobierno. De hecho, como publicó Invertia, en un principio desde Unidas Podemos se defendió la postura de que "el Estado haga valer su participación en CaixaBank para que el ERE no siga".

Sin embargo, esta acción no es posible, puesto que el Ejecutivo sobre tiene el 16% de la entidad bancaria. Por ello, Nacho Álvarez, ‘gurú’ económico de la formación y secretario de Estado de Derechos Sociales, atenuó su reacción en redes sociales.

"La representación del Estado en el Consejo de la entidad no puede asentir pasivamente a esta decisión, sino que debe usar su participación para promover un cambio en la actitud de la dirección, defendiendo el empleo y el interés público", indicó Álvarez en su perfil de Twitter.

En un vídeo, recuerda que "en Unidas Podemos dijimos que la fusión de Bankia y CaixaBank era una noticia preocupante y, desgraciadamente, el tiempo nos ha acabado dando la razón. El Estado debe utilizar su participación en la entidad para defender el empleo y el interés público".

En efecto, el Ejecutivo no puede hacer nada por frenar el ERE que ya está avalado por los directivos de la nueva CaixaBank y por ello han optado por enviar "mensajes" al banco para que reduzca su ERE.

Resolución de Trabajo

Este camino incluye esperar a que se resuelva la negociación del expediente con los sindicatos, dentro de la cual el Gobierno espera que se reduzcan considerablemente los 8.300 despidos, así como las condiciones de despidos que incluyen 20 días por año trabajado. 

El Ejecutivo cree que la cifra es excesiva y que supera de largo otros procedimientos similares como el ERE de El Corte Inglés, que se saldó con 3.000 despidos, o el último de Santander, que se saldó con 3.500 salidas. 

Una cifra que también ha cogido por sorpresa a los sindicatos, que consideran "demoledoras" las condiciones puestas sobre la mesa por parte de la dirección. Los representantes de los trabajadores eran conscientes de que la fusión implicaría un ajuste de personal, pero no imaginaban que pudiera llegar a afectar a tantos trabajadores. "No sobran 8.000 compañeros, pensábamos en 5.000 máximo", explica a Invertia una fuente sindical que forma parte de la mesa de negociación.

En esta línea, si es que finalmente los sindicatos de CaixaBank no logran un acuerdo con el banco, la última palabra la tiene el Ministerio del Trabajo, que es la entidad que siempre debe de aprobar los ERE. En cualquier caso, en el Ejecutivo confían en no llegar a este último escenario, aunque se reservan esta carta para actuar en un caso extremo.

El de CaixaBank, con sus casi 8.300 despidos proyectados, va a ser el mayor ERE de la historia de la banca, pero no es ni de lejos el primero que ha traído la pandemia. BBVA inicia esta semana la negociación del que será su primer despido colectivo, que podrá afectar en torno a unas 3.000 personas, según cálculos no oficiales.

ERE en la banca

Por su parte, Santander cerró el pasado mes de diciembre la negociación del tercer ERE que pone en marcha en los últimos cuatro años. Este procedimiento, que se ejecutará en 2021, implica la salida de 3.572 trabajadores.

En las mismas fechas, Sabadell negoció la salida de 1.800 empleados, pero no a través de un ERE, sino que la fórmula elegida fue la vía de las prejubilaciones. Ibercaja, por su parte, aplicará este año un despido colectivo para 750 empleados sobre el que ya tiene acuerdo con los sindicatos.

Estos cinco procedimientos no serán los únicos que traiga la pandemia. Unicaja, que, en principio, cerrará su fusión con Liberbank el próximo mes de junio, acometerá un nuevo ajuste que, según manifestó Manuel Azuaga, su presidente, hace algunas semanas, intentará recabar el mayor acuerdo posible con los representantes de los trabajadores.