Los sindicatos con representación en CaixaBank están muy sorprendidos y decepcionados con la actitud del Gobierno en relación con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el banco va a poner en marcha en los próximos meses. La entidad, de la que el Estado es ahora accionista con un 16% del capital, ha puesto sobre la mesa una propuesta inicial de recortar 8.291 empleos y cerrar 1.534 oficinas tras la integración de Bankia.

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La entidad dio a conocer el martes estas cifras a los sindicatos y la respuesta del Ejecutivo no tardó mucho en llegar. María Jesús Montero, ministra portavoz, destacó que "si [CaixaBank y Bankia] hubiesen hecho el ERE cada una por separado, si no se hubiese producido esa fusión, seguro que habría un ERE aún mayor".

Además, apuntó que, en la medida en que pueda influir, "el Gobierno tratará de minimizar cualquier pérdida de empleo". "Trataremos de influir en que las empresas no se vean motivadas para la destrucción del empleo", manifestó la también ministra de Hacienda.

Esta actitud ha sorprendido e indignado a los sindicatos de CaixaBank. "El Gobierno se pone de perfil. No pensábamos que iba a ser así", explica a Invertia una fuente sindical presente en la negociación.

Los representantes de los trabajadores lamentan que el Ejecutivo no impida que la entidad acometa una reestructuración de la plantilla tan fuerte, especialmente dado que el banco se reserva la opción de rechazar solicitudes de adscripción voluntaria al ERE si considera que la persona solicitante es esencial para el banco, así como si las peticiones de los mayores de 50 años superan la mitad del total.

"No puede avalarlo"

Por su parte, desde UGT critican en un comunicado que "un gobierno progresista como el actual no puede avalar el despido de tal cantidad de trabajadores y menos en los criterios pretendidos por la dirección de CaixaBank, expulsando del mercado laboral a personas con un horizonte lejano a su jubilación y con escasas posibilidades de reinserción laboral".

Trabajadores que, además, tendrán difícil su reinserción en el propio sector bancario, que está llevando a cabo un gran recorte de plantillas durante los últimos años, denuncia el sindicato.

"La lucha y determinación llevada a cabo en estos años desde el Gobierno como desde organismos públicos, de protección del mercado laboral y en defensa del mantenimiento del empleo asalariado (otorgando ayudas, ERTE…), obliga, aunque solo sea por coherencia y dada la participación en el capital social de la entidad, a un posicionamiento a favor de minimizar el impacto en el empleo y la menor repercusión a las arcas públicas", añaden.