Las claves
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Tubos Reunidos enfrenta un conflicto sindical por un ERE que afecta a 301 empleados, bloqueando un posible rescate financiero con la SEPI.
Las posturas enfrentadas entre los sindicatos ELA y ESK, que han convocado huelga, y UGT y CCOO, dificultan cualquier acuerdo laboral.
La empresa acumula años de pérdidas y una deuda superior a 263 millones, agravada por la caída del sector y el descenso de pedidos, especialmente en EEUU.
Sin un pacto sindical inmediato, la compañía podría entrar en concurso de acreedores, lo que pone en riesgo su viabilidad y la de sus 1.300 trabajadores.
La guerra sindical que se ha desatado en el seno de Tubos Reunidos, con un ERE para 301 trabajadores sobre la mesa, puede suponer el bloqueo a cualquier plan de rescate en el que participe la SEPI y aboca a la compañía a un concurso de acreedores.
La reunión aplazada a este viernes de los sindicatos y la empresa es crucial. Sólo un acuerdo in extremis sobre el ajuste laboral permitirá atraer inversores y buscar un plan de rescate como el que se logró con Talgo.
Pero las formaciones nacionalistas de ELA y ESK han convocado una huelga general en la empresa para la semana que viene y han dejado bajo mínimos las opciones de acuerdo que mantenían UGT y CCOO.
La mejora de la propuesta empresarial para aplicar el ERE con el menor impacto social posible no ha servido. ELA y ESK, incluso con divisiones de criterio en las plantas de Amurrio (en contra) y Trápaga (a favor), consideran que cualquier acuerdo que no sea la retirada del ERE es una claudicación que no aceptarán.
Entre otras medidas, la empresa ha puesto sobre la mesa bajas voluntarias con 45 días por año trabajado de indemnización y dos años de límite, y hasta prejubilaciones a partir de los 57 años con el 70% del salario bruto y cobertura de la Seguridad Social hasta los 63 años.
El límite para negociar se amplió desde el lunes pasado hasta este viernes, en busca de un pacto laboral que haga viables las opciones que se puedan plantear para sacar adelante la compañía, que acumula varios años en pérdidas por la caída del sector de los tubos de acero.
Fuentes empresariales cercanas al proceso aseguran que el enconamiento de los sindicatos viene a complicar más un rescate que ya de por sí es muy poco atractivo como para atraer a nuevos inversores.
Por un lado, se advierte del riesgo de judicialización que podría producirse sobre un pacto parcial que no fuera apoyado por todos los sindicatos. Máxime sobre una empresa a la que ya investiga la UCO por los 113 millones de ayudas de la SEPI que recibió en 2021 del Fondo de Solvencia.
Los investigadores sospechan que en la gestión de esas ayudas, en las que estuvieron implicados la fontanera del PSOE, Leyre Díez, y el empresario de la trama de Koldo y Cerdán,Antxon Alonso, pudo haber un cobro de comisiones irregulares.
La situación laboral y las complicaciones judiciales que pueden surgir en torno a la empresa vasca de 1.300 trabajadores, ahuyentan a los posibles inversores industriales que, incluso con el apoyo del Gobierno Vasco y la SEPI, estarían dispuestos a poner dinero en el proyecto.
La propia SEPI, pendiente de buscar una salida para compensar las ayudas que otorgó en plena crisis postcovid, ha advertido que no podrá colaborar en cualquier solución que no pase por un acuerdo laboral y cuente con el respaldo de un socio industrial.
Pacto costoso
Esa delicada situación tampoco es la ideal para poner en marcha un proceso de refinanciación con la banca acreedora, que sostiene una deuda de más de 263 millones, al alza.
Desde el ámbito financiero advierten, además, que el acuerdo laboral que se ha puesto sobre la mesa, mucho más generoso que el que plantearon hace apenas dos meses, va a suponer un coste muy elevado ante cualquier plan de salvación posterior.
Es más, la oferta a los sindicatos contempla incluso el compromiso de no hacer ningún despido más allá de las salidas del ERE hasta el año 2029.
La compañía presentó a primeros de febrero de este año un plan industrial para diversificar los mercados internacionales en los que opera, como forma de sortear la sobreproducción de acero a nivel mundial y la caída de un 15% en el segmento de los tubos sin soldadura que producen.
Durante 2023 y 2024, el mercado de EEUU suponía la mitad de la facturación de Tubos Reunidos, pero el incremento de los aranceles en un 50% y los cambios de la era Trump han tirado los pedidos.
De hecho, la caída de los pedidos hace ineludible, a juicio de la empresa, la paralización de la acería de Amurrio (no toda la planta industrial) y la externalización de algunas de sus producciones, como la palanquilla y los lingotes.
Como solución, la empresa ha apostado en el último año por intensificar su actividad en mercados como Canadá, Alemania, India y Reino Unido, sin grandes resultados.
"La paralización o ralentización de proyectos derivados de la inestabilidad geopolítica y económica han limitado la entrada de nuevos pedidos, que nunca podrán compensar el volumen que tradicionalmente aportaba el mercado estadounidense", advertían desde Tubos Reunidos.
El resultado de todos esos factores fueron unas pérdidas en 2025 de 71,3 millones de euros, acuciadas por un programa de deuda que vence en 2028.
Las fuentes financieras consultadas aseguran que sin un acuerdo sindical esta misma semana, todo apunta a que Tubos Reunidos puede entrar en breve en un proceso concursal, en el que se buscaría la mejor salida para cada uno de sus negocios.