El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto-ley para modificar las ayudas directas a pymes y autónomos por valor de 7.000 millones  aprobadas hace unas semanas. Gracias a él, las comunidades autónomas tendrán un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar y decidir a qué sectores y empresas conceder los fondos.

En la modificación, también se incluye la posibilidad de dar ayudas a empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.

Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, señaló este lunes desde Lanzarote el impacto de la crisis de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares. "Esta mejora es muy importante para los operadores turísticos de las islas que se van a poder beneficiar de las ayudas directas", explicó.

"El Gobierno identificó más de un centenar de sectores, pero somos conscientes de que cada región tiene características específicas que requieren personalización, como sectores del calzado o del vino", precisó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Por ello, el RDL habilita a las regiones a ampliar el número de sectores que acceden a las ayudas directa".

Como ha indicado Montero, el Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas. Extremadura y Castilla-La Mancha ya han devuelto el convenio firmado y en breve se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, para que puedan comenzar a recibir los fondos.

Retrasos  

Por lo pronto, la ministra Montero descarta que alguna comunidad autónoma se 'borre' del manejo de estas ayudas. Con todo, su gestión acumula cierto retraso debido al retraso de Hacienda en el envío de los citados convenios. A estas alturas de abril, todos deberían estar firmados. 

Además, el Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo aplazamiento para los pagos de deuda de las empresas a las Administraciones Públicas, siempre que estas no sean tributarias o aduaneras. 

Está pensado para retrasar la devolución de deudas o préstamos. Según ha explicado Montero, las empresas contarán con un plazo de hasta dos años desde el vencimiento de los préstamos para devolverlos. Además, contarán con dos años más para pactar nuevos fraccionamientos de estas devoluciones. 

Montero ha admitido que es una medida "temporal pero flexibiliza las tensiones de tesorería de las empresas". Por ello, ha asegurado que servirá para "proteger el tejido productivo y el empleo".