Después de varias semanas de confinamiento en nuestros hogares, pudimos leer los primeros estudios de los efectos de la Covid-19. En concreto, la OCDE emitió un informe que situó a España entre los países que combinaba los peores datos de la crisis sanitaria y económica. En nuestra opinión no es una casualidad que nuestro país sufra el impacto de esta pandemia más que otros países vecinos.

Nuestro mundo ha sufrido importantes cambios demográficos, sociales, ambientales y económicos durante los últimos cuarenta años que exigen nuevas respuestas por parte de los representantes públicos. Por ejemplo, el aumento de esperanza de vida permite a nuestros ciudadanos vivir una vida plena por más años, pero requiere una adaptación del sistema de pensiones y de los servicios sociales. En nuestro país, muchas de esas respuestas para afrontar los nuevos retos se han ido aplazando y estas dos crisis combinadas lo han puesto de relieve.

En este contexto, la recuperación en “V” por vacunación no existe porque nuestro sistema estaba ya dando síntomas de fatiga antes de la pandemia. Un desgaste económico que tiene un punto de inflexión en la crisis financiera de 2008 que puso en jaque al euro y que requería reformas profundas en España, hasta la fecha no ejecutadas. Ese inmovilismo económico y político ha implicado que no hemos sido capaces de invertir adecuadamente los recursos necesarios para abordar los grandes retos que teníamos por delante, y la pandemia lo ha vuelto a poner al descubierto. 

Por eso, las ideas que evocan “volver a la normalidad” después de esta crisis sanitaria están poco ancladas en la realidad, ya que nuestro país demostró tener los pies de barro. Si bien la España de enero del 2020 era mejor que la actual, esa España no iba bien. Así, los mensajes de “todo será igual después del Covid” que se lanzan a una sociedad, exhausta por haber sufrido dos grandes crisis en una década, son falsos. El uso de esta demagogia tiene consecuencias, como el desapego hacia la democracia liberal o la nostalgia de un tiempo pasado que se representa como idílico. 

Consideramos que frente al marketing político es necesaria la responsabilidad, la franqueza y el rigor para poner la política al servicio de las personas. Si queremos un futuro mejor necesitamos ampliar el círculo virtuoso entre calidad institucional y calidad de vida en el que hemos vivido desde la transición. Para ello, los tres pilares fundamentales para conseguir ese objetivo son: confianza, empleo y eficiencia.

Confianza y seguridad

En primer lugar, avanzar en la democracia liberal como base del progreso social es generar confianza. Afrontamos, sin duda, desafíos vinculados a las nuevas necesidades derivadas, entre otras, de los cambios demográficos y de la transición justa a la nueva economía verde y digital, cuya falta de respuesta se ha traducido en un creciente desapego social a la democracia liberal, tal y como demuestra la última edición del Informe sobre satisfacción Global de la Democracia de la Universidad de Cambridge. En ese informe, tal y como se aprecia en la figura 1, España aparece como el país de la Unión Económica y Monetaria donde ese deterioro ha sido mayor desde la entrada en el euro. 

Figura 1. Cambio en los niveles de satisfacción con la democracia desde la puesta en circulación del euro en los países miembros

a respuesta a estos desafíos debe venir de una economía más responsable y un Estado más eficiente. Dicho en otras palabras, tanto el mercado como las Administraciones públicas deben dar un paso adelante. En este delicado equilibrio, la sociedad civil organizada debe ocupar el espacio de promoverlo y vigilarlo, para evitar que sea la autocracia quien lo ocupe de la mano de movimientos populistas y nacionalistas de ambos extremos.

Más empleo no solo con menos impuestos sino con un mejor ecosistema económico.

En segundo lugar, avanzar hacia una economía más responsable y resiliente como base de una mayor competitividad que genere empleo de calidad con mejores salarios para la mayoría. Para alcanzar estas metas es necesario invertir en innovación.

El gran problema es que esta apuesta de futuro está lastrada porque no disponemos de un colchón financiero para hacerlo, dado que nos enfrentamos a una gigantesca montaña de deuda pública, amplificada por los efectos de la pandemia. La anterior crisis financiera elevó la deuda del 40% en 2008 al 100% en 2014, y apenas se redujeron unos puntos porcentuales en los años siguientes. Todo ello ha implicado que la economía española tenga que ser sacada a flote con la ayuda europea, porque nuestra capacidad financiera presente y futura está agotada. Con todo, hay que recordar que los fondos europeos para la recuperación están condicionados a reformas que hoy por hoy el Gobierno de la nación ni está haciendo ni contempla con unidad en el Consejo de Ministros.

Es cierto que durante la crisis financiera de 2008 la mayoría coincidimos en que la estructura productiva de España debía transformarse, pero la realidad es que doce años después apenas ha evolucionado. Esta ausencia de reformas nos ha llevado a que el alto peso de los servicios de movilidad en nuestra estructura productiva y el escaso tamaño de las empresas españolas expliquen, en buena parte, que el impacto económico de la crisis en nuestro país sea el mayor de la OCDE.

Esta falta de transformación está íntimamente relacionada con la ausencia de una apuesta decidida por la ciencia y la innovación. Innovar es una palanca para incrementar la productividad, y con ello, poder mejorar salarios sin distorsionar los fundamentos económicos.

La realidad es que España en 2019 se situó en un 59% de la media comunitaria en inversión en I+D, sin mostrar avances significativos en los últimos años. De hecho, la ratio de I+D sobre PIB en 2019 (que fue del 1,25%) está todavía lejos de su nivel máximo que se alcanzó en el año 2010 (1,4%) y esta evolución ha venido acompañada de un crecimiento sin parangón de nuestros niveles de deuda. En definitiva, no nos hemos endeudado para labrarnos un futuro más sostenible y próspero.

La misma conclusión se obtiene cuando, en vez de la I+D (que es sólo una fuente de innovación), se utilizan indicadores holísticos de innovación, como el Índice Global de Innovación del World Economic Forum (WEF). En ese caso, España en 2008 ocupaba el puesto 28, y doce años después, en 2020, ha descendido dos puestos, hasta situarse en el 30.

Figura 2. Evolución comparada de las ratios deuda pública /PIB e inversión I+D/PIB. España. 2008-2019.

Mejores servicios con más eficiencia y no solo con más gasto.

En tercer lugar, las Administraciones públicas también tienen que transformarse e innovar para ofrecer los nuevos servicios públicos que requiere una sociedad diversa, compleja y también más envejecida, que busca respuestas y un futuro más sostenible. Pero no puede hacerlo aumentando el peso de gasto público sobre el conjunto de la economía, sino mejorando su eficiencia con innovación y colaboración. De acuerdo con el índice del Instituto de Estudios Económicos de eficiencia del gasto público, elaborado para los 36 países que integran la OCDE y para los agregados de la OCDE y de la UE, España ocupa el puesto 26 en términos de eficiencia del gasto, esto es, se encuentra en la zona media-baja del ranking.

Por otro lado, de acuerdo con el índice de Eficacia del Estado que publica anualmente el Banco Mundial, y que mide la calidad de los servicios públicos, de la función pública, de la formulación de políticas y de su aplicación, así como la credibilidad del compromiso del Gobierno nacional para abordar estos desafíos, España ocupa un pobre decimosexto lugar entre los veintisiete países de la Unión Europea, tal como refleja la figura 3.

Fuente: Índice de Eficacia del Estado, Banco Mundial

Estos indicadores nos señalan que es imprescindible alcanzar una mayor calidad institucional. Esto se logra mejorando tanto la calidad de los servicios públicos como la rendición de cuentas. El resultado será una mayor confianza de la sociedad en las instituciones públicas y, en consecuencia, revertir el desapego social hacia nuestra democracia liberal que mostramos en la figura 1.

En resumen, los cambios demográficos, sociales y tecnológicos en los que estamos inmersos plantean nuevos retos que no se pueden afrontar volviendo a la casilla de salida.

Al contrario, hay que afrontarlos avanzando conjuntamente y bajo un prisma de equilibrio entre el Estado y la sociedad. Esto implica fortalecer los pilares de la democracia liberal como garante de ese equilibrio; transformar nuestra economía para que las bases de la competitividad sean la innovación, la responsabilidad y la sostenibilidad; modernizar los servicios públicos para dotarles de mayor capacidad de respuesta y adaptarlos a las nuevas necesidades con el fin de ofrecer una mayor calidad al ciudadano.

Es el momento de creer en las personas y la sociedad, de cambiar la actitud del Estado para que se ponga al lado de la sociedad y que los políticos sean valientes para aplicar reformas que busquen el bien común, de tal manera que, unidos, podamos afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros.

*** Sergio Brabezo Carballo es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

*** Enrique Martínez Cantero es diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

*** David Gago Saldaña es asesor Económico de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.