Bruselas

Fumata blanca. Ha sido un proceso largo (casi 5 meses) y accidentado pero que por fin culmina con éxito. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han dado este jueves su aprobación definitiva por unanimidad al fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros y al presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027.

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Un paquete de estímulo cuyo importe total asciende a 1,8 billones de euros y que tiene como objetivo amortiguar el impacto económico de la pandemia y salir al rescate de los países más golpeados, como España o Italia.

"Acuerdo sobre el presupuesto plurianual y el fondo de recuperación. Ahora podemos empezar a ponerlo en marcha y a reconstruir nuestras economías. Nuestro histórico paquete de recuperación impulsará nuestras transiciones digital y verde", anunciaba el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter.

El acuerdo final se ha sellado durante la cumbre presencial de líderes europeos que se celebra en Bruselas después de que Polonia y Hungría levantaran su veto. Estos dos países, que se autodefinen como "democracias iliberales", tomaron como rehén al presupuesto europeo en protesta por el nuevo reglamento que permite bloquear los fondos a los países que vulneren el Estado de derecho.

Declaración política

Al final, Budapest y Varsovia han capitulado y han cedido a la presión de la canciller Angela Merkel, que en su calidad de presidenta de turno ha conducido el diálogo. Se conforman con una declaración política interpretativa que no altera ni una coma de la norma.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado que el acuerdo es una "victoria del sentido común". Por su parte, el polaco Mateusz Morawiecki sostiene que la declaración política ofrece garantías contra "cualquier decisión arbitraria o motivada políticamente".

Mateusz Morawiecki y Viktor Orbán repasan el texto con Emmanuel Macron UE

Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo "crucial" es que el mecanismo de condicionalidad no se ha cambidado. El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha defendido que "ha llegado el momento de concluir el acuerdo por el bien de la ciudadanía".

El compromiso será confirmado por la Eurocámara y los Gobiernos en los próximos días. Después, la decisión que permite a la Comisión Europea endeudarse en los mercados para crear el fondo anti-Covid tiene que ser ratificada por todos los parlamentos nacionales.

Las reformas de Sánchez

Si no hay más tropiezos, las ayudas europeas podrían empezar a llegar a España justo antes del verano de 2021, el plazo que ya estaba previsto. Eso sí, siempre que el Gobierno de Pedro Sánchez presente un plan de reformas que satisfaga a Bruselas. La vicepresidenta Nadia Calviño ya negocia con el Ejecutivo comunitario reformas en pensiones y mercado laboral.

Sánchez prevé recibir hasta 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán transferencias a fondo perdido. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ya ha presupuestado 27.000 millones en los presupuestos de 2021, aunque no está claro que vaya a llegar esa cantidad.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, durante la cumbre de este jueves UE

En el presupuesto plurianual de la UE, España tiene adjudicados 35.400 millones en fondos estructurales, 34.124 millones en pagos agrícolas directos y 7.801 millones para desarrollo rural. Es decir, al menos 77.300 millones sin contar otras partidas como inmigración, I+D o Erasmus.

El plan de la UE para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus se aprobó con gran fanfarria en una cumbre en julio tras cinco días y cuatro noches de acaloradas negociaciones. Lo cierto es que era una respuesta contundente y sin precedentes: por primera vez, Bruselas emitirá masivamente deuda común europea para ayudar a los Estados miembros más necesitados. Pero al final se ha ido desinflando por las dificultades para culminarla.

Una tramitación accidentada

Primero, la Eurocámara bloqueó el paquete con el fin de conseguir más fondos para programas comunitarios como Erasmus. Al final, consiguió arrancar 15.000 millones de euros extra. Pero inmediatamente después llegó el veto de Budapest y Varsovia por su oposición a la condicionalidad en cuestiones como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción o el respeto a la libertad de prensa. Alegan que se trata de un mecanismo arbitrario de control ideológico dirigido contra ellos, que ya están expedientados por la UE por su deriva autoritaria.

La canciller Angela Merkel, durante la cumbre de este jueves UE Reuters

Merkel amenazó a Orbán y Morawiecki con buscar una solución a 25, excluyéndoles de las ayudas europeas, si no rectificaban. Polonia y Hungría se encuentran entre los principales beneficiarios del paquete de estímulo. Al final, levantan su veto sin lograr su principal objetivo: acabar con el mecanismo de condicionalidad en materia de Estado de derecho. El reglamento en cuestión se mantiene tal como fue pactado entre la Eurocámara y los Gobiernos de la UE, sin cambiar ni una coma.

Lo que han aprobado los líderes europeos es una declaración política que interpreta, pero no modifica el reglamento. Una solución similar a la que se ofreció a Sánchez el año pasado sobre la cuestión de Gibraltar, y que ahora Berlín ha preparado para Polonia y Hungría. 

Ganar tiempo

La declaración dice que el mecanismo se aplicará de forma "objetiva, justa, imparcial y factual, garantizando el procedimiento debido, la no discriminación y a igualdad de trato entre los Estados miembros". Su principal objetivo debe ser proteger el presupuesto de la UE "contra cualquier tipo de fraude, corrupción y conflicto de interés".

Mark Rutte discute con David Sassoli durante la cumbre de este jueves UE

Lo único que consiguen Budapest y Varsovia es ganar algo de tiempo. El texto señala que la condicionalidad en materia de Estado de derecho sólo se aplicará a los fondos comprometidos a partir de 2021 y no a las ayudas que quedan por ejecutar del periodo anterior. Además, si Polonia o Hungría deciden presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el reglamento no se aplicará hasta que haya sentencia, es decir, que su puesta en marcha podría retrasarse hasta 2022. 

La solución no convencía del todo al primer ministro holandés, Mark Rutte, el líder del club de los frugales. A su llegada a la cumbre, ha dicho que su voto dependería de la opinión de Von der Leyen y Sassoli. Los dos le dieron garantías y Rutte se ha sumado al consenso. Con la aprobación final de los fondos anti-Covid, la UE consigue enviar "un mensaje de cierto optimismo tras un año horrible como ha sido 2020", señala un diplomático europeo.