Este jueves, España comienza su proceso de separación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que gestó, en 2018, Cristóbal Montoro. En 2021, España contará con unas nuevas Cuentas Públicas, especialmente expansivas, pensadas para atenuar el impacto de la Covid-19. Serán las primeras aprobadas en dos años y medio con Pedro Sánchez alojado en la Moncloa.

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El primer paso lo dará el Congreso, que, tras recolectar el PSOE y Unidas Podemos los apoyos necesarios, aprobará los PGE diseñados por el Ejecutivo. A continuación, las Cuentas tendrán que pasar el trámite del Senado, que se espera que superen sin problemas, antes de ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que el Gobierno espera que ocurra antes de acabar 2020. 

Así se pondrá fin a la prórroga de los PGE de Montoro, los más longevos de la democracia. Hasta ahora, la falta de apoyos parlamentarios había obligado a Sánchez a gobernar a golpe de real decreto-ley desde que se instaló en la Moncloa en 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. 

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Con los nuevos Presupuestos se activarán varios cambios importantes para los ciudadanos. Entre ellos, los tributarios. Se dejarán en un tercio las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales para favorecer los planes de empresa y colectivos. También aumentará la fiscalidad de los seguros (que pasa del 6% al 8%)

Además, se incrementará también la fiscalidad para las clases altas, a través del aumento de dos puntos del IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros.

Por otro lado, se suprimirá el copago farmacéutico para las poblaciones más vulnerables y se registrará un importante incremento de las partidas destinadas a políticas sanitarias y laborales, con el ojo puesto en los efectos de la pandemia en 2021. 

Además, a través de los PGE se habilitará la subida del 0,9% de las pensiones y prestaciones contributivas y del sueldo de los funcionarios y empleados. También del ingreso mínimo vital (IMV), que aumentará en la misma proporción que las prestaciones no contributivas (un 1,8%). 

Así mismo, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) subirá un 5%, hasta los 564,73 euros, subida que permitirá aumentar los hogares que acceden a prestaciones, becas y subsidios públicos. 

Enmiendas

En su trámite parlamentario, el texto ha sufrido varias enmiendas y cambios que han modificado, sustancialmente, el contenido que se aprueba este jueves.

El más llamativo es la desaparición del alza tributaria del diésel y su equiparación con la gasolina. La propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, defendió esta medida en el campo de la fiscalidad verde. Sin embargo, su censura por parte del PNV, apoyo fundamental del Ejecutivo de Sánchez, le ha obligado a dar marcha atrás.

También hay cambios parciales en otra medida tributaria: el impuesto a las bebidas azucaradas y edulcoradas. Finalmente, no se aplicará sobre lácteos edulcorados

Además, los PGE incluirán nuevas moratorias para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a las que se podrán acoger empresas y autónomos siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no estén en ningún otro aplazamiento en vigor.

Sin el apoyo de los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, se ha incluido en las Cuentas un fondo de 1.500 millones de euros para la recuperación de empleo industrial en zonas con elevado índice de pérdida de actividad de este sector, así como otros 200 millones para un fondo para la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad.

Así mismo, se han inyectado 566 millones 'extra' en el texto para las comunidades autónomos en materia de dependencia.  Además, se han incluido 370 millones más para los programas dedicados a la Educación Infantil de 0 a 3 años, la Formación Profesional y el programa de refuerzo en los centros de Educación Primaria y Secundaria PROA+.