María Jesús Montero ha defendido este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Concretamente, y entre otras cuestiones, su propuesta tributaria. En este sentido, ha defendido que no hay ningún "hachazo fiscal" aunque ha insistido en la subida del diésel que las Cuentas contienen y que quieren eliminar grupos como PNV, Ciudadanos e incluso su socio de Gobierno, Unidas Podemos.
En su intervención en el Congreso de los Diputados, ha argumentado que los cambios propuestos sirven para "modernizar" el sistema fiscal, aunque la reforma integral se abordará por un comité de expertos "en los próximos meses" y se implementará cuando se recupere el crecimiento.
Respecto a la subida fiscal del gasóleo, para igualarlo fiscalmente con la gasolina, ha recordado que solo dos países en Europa tienen el tipo fiscal de este combustible por debajo del de España.
Pensiones
Así mismo, ha defendido las reducciones de las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales para favorecer la aportación empresarial y el ahorro.
Montero también ha mencionado el resto de los cambios tributarios propuestos en los Presupuestos, como el aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros.
Ha recordado también el alza del 1% en Patrimonio y la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12%), exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años.
Todo ello para llegar a una estimación de ingresos "realista y prudente", que, en cambio, no se creen órganos reguladores como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Además, ha defendido que la consolidación fiscal es "irrenunciable" para el Gobierno y ya se refleja en las cuentas públicas, al augurar una bajada del déficit del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB en 2021.
En cuanto al gasto, ha destacado que son unas cuentas "expansivas" que incluyen el mayor gasto social de la historia, de 239.765 millones, el 53,7% del total del Presupuesto, con un alza del 10% incluyendo los fondos, y ha rechazado que el gasto social sea un "despilfarro".