El de hoy ha sido el primer Consejo de Ministros importante de la nueva legislatura y repite el tono de la pasada. El Gobierno ha aprobado una batería de subida y creación de impuestos para cumplir con los ajustes exigidos por Bruselas. En total, un incremento de los impuestos con el que el Ejecutivo pretende elevar la recaudación en 7.500 millones de euros en 2018 y que permitirá realizar un esfuerzo estructural de 4.650 millones para responder a las exigencias de la Comisión Europea.
Esta vez no se pudo recurrir al argumento de la herencia recibida, por lo que el Gobierno tuvo que recurrir a la “situación muy exigente” por los pactos con Bruselas para pedir un esfuerzo extra a los contribuyentes y, en especial, a las empresas. La mayoría de las medidas ya las había filtrado a la prensa, como por ejemplo la creación de un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas. Una decisión que se adopta “por un motivo de salud” y con la que el Ministerio de Hacienda prevé recaudar 200 millones de euros.
Pero hay un segundo tributo que no se conocía y que ha anunciado hoy el ministro Cristóbal Montoro: un impuesto medioambiental que desarrollará a lo largo de 2017. “Es una demanda propia de la UE para que avancemos en esta figura”, ha señalado el ministro. Todavía no hay cifras para este tributo, pero la intención es que se comience a aplicar ya el próximo año.
La mayor parte del esfuerzo recaerá sobre las empresas, ya que tendrán que hacer frente a la reforma del Impuesto de Sociedades con el que Hacienda prevé recaudar 4.300 millones más. Montoro ha anunciado que el objetivo es “acercar el tipo efectivo al tipo real”, que está en el 25%. Sin embargo, la reforma tiene truco, ya que descansa sobre dos propuestas que son temporales, o como ha explicado Montoro, “ambas causas de deducción siguen vivas, pero se aplazan en el tiempo”.
La primera es una “limitación a la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores”. Las empresas pueden utilizar las pérdidas de ejercicios anteriores para reducir su base imponible, pero para evitar el desplome de este impuesto, durante toda la crisis han existido restricciones al uso de estos créditos fiscales. El Gobierno retiró una buena parte de estas limitaciones el año pasado y ahora se ve en la obligación de recuperarlas.
La segunda medida es la incorporación de “un nuevo límite para la aplicación de deducciones para evitar la doble imposición internacional”. Esto significa que se limitará en el tiempo la aplicación de deducciones por los beneficios conseguidos en el extranjero.
Enviaremos el proyecto presupuestario la próxima semana a la Comisión Europea
El aumento de la recaudación se completa con la subida de los Impuestos Especiales al alcohol y el tabaco, con el que se pretende recaudar 350 millones de euros. En el caso del tabaco, se sube en 2,5 puntos la tributación de los cigarrillos y un 6,8% la de la picadura. En cuanto al alcohol, se incrementa en un 5% la fiscalidad de los productos intermedios y las bebidas derivadas.
Las medidas para elevar los ingresos tributarios se completan con un nuevo plan de lucha contra el fraude que debería aportar 500 millones a los 1.000 millones anuales estimados. Entre las nuevas medidas de lucha contra el fraude destaca el pago del IVA de forma electrónica para el 80% de los contribuyentes (lo que sería liquidación online del impuesto) y la limitación del pago en efectivo hasta 1.000 euros.
Además, Montoro ha anunciado la adopción de medidas para evitar el aplazamiento de deudas frente a la Agencia Tributaria, que hace que los deudores tengan paralizado el proceso de pago y, por tanto, retrasa su recaudación. “No tiene justificación que sigan financiándose con cargo a la Hacienda Pública”, ha apuntado el ministro.
5.000 millones menos
El Consejo de Ministros ha aprobado también el techo de gasto para 2017. El Gobierno tiene potestad para fijar este nivel que es el que garantizará el cumplimiento de los objetivos de déficit. Esto significa que no tiene que llevarlo al Congreso para su aprobación. La cifra de gasto no financiero para el próximo ejercicio baja en 5.000 millones respecto al nivel presupuestado para 2016, hasta dejarlo en 118.337 millones de euros.
Esta cifra es prácticamente la misma con la que cerrará el Gobierno su gasto este año después de los 5.000 millones de ahorro que ha realizado a lo largo del año. 2.000 millones proceden de la caída de los intereses que paga el Tesoro, 1.000 millones del cierre del ejercicio presupuestario en julio y otros 2.000 millones de un acuerdo de no disponibilidad firmado por los Ministerios.
El techo de gasto es exactamente lo que pensamos que vamos a liquidar en el Presupuesto de 2016
Con este ajuste del gasto no financiero el ministro cree que podrá cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas. El Consejo de Ministros ha aprobado cómo quedará definitivamente el reparto del nuevo margen de déficit que concedió la Comisión Europea este verano. Este reparto sí que tiene que tener el apoyo del Congreso, pero el Gobierno se ha asegurado el respaldo del PSOE.
El jueves se aprobó con las autonomías que su senda de reducción del desfase presupuestario sería del 0,7% del PIB para este año, del 0,6% en 2017, del 0,3 en 2018 y finalmente el equilibrio presupuestario para 2019.
Hoy se ha conocido el reparto que hace Montoro del déficit entre las dos Administraciones del Estado: la Central y la Seguridad Social. Para la Administración Central, Hacienda reserva un margen de déficit del 2,2% del PIB para este año, por lo que apenas reducirá el déficit con respecto al año 2015 en el que cerró con un desfase del 2,68% del PIB. El mayor esfuerzo para el Ministerio, ya que tendrá que recortar su déficit en algo más de 11.000 millones de euros, pasando del 2,2% al 1,1% del PIB.
En cuanto a la Seguridad Social, el objetivo de déficit será del 1,7% del PIB para este año, ligeramente superior al 1,6% anunciado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Para 2018 será necesario adoptar importantes medidas, ya que Montoro prevé que el déficit se reduzca en 3.000 millones de euros, hasta el 1,4% del PIB.
2 millones de empleos
El Ministerio de Economía también ha actualizado el cuadro macroeconómico de previsiones hasta 2019 que sirve de base para elaborar el proyecto presupuestario que enviará el Gobierno a la Comisión Europea la próxima semana. El ministro Luis de Guindos ha anunciado que viajará el lunes a Bruselas para explicar las líneas maestras de las cuentas públicas del próximo año.
Dentro de sus previsiones económicas, el ministro es muy optimista respecto al empleo, ya que considera que se pueden crear casi dos millones de puestos de trabajo ente 2015 y 2019. Esto significa que España conseguiría superar los 20 millones de ocupados antes del año 2020, como en un principio era el objetivo del Gobierno. Al final de 2019 la tasa de paro debería caer hasta el 12,8% frente al 18,4% que espera para el cierre de este año.
La mejora del empleo se construye sobre un PIB que avanza más rápido de lo esperado. Para este año el Gobierno estima ahora un crecimiento del 3,2%, cifra idéntica a la de 2015 y tres décimas superior a la estimación que tenía hasta ahora. De cara a 2017 el crecimiento se desacelera, pero menos de lo esperado, hasta el 2,5% para finalmente consolidarse en el 2,4% para 2018 y 2019. Si se añade la recuperación de la inflación, la previsión del PIB nominal ya salta hasta el 4% para los tres próximos años.