La intención del Gobierno es que la reforma laboral esté pactada y cerrada para el próximo 30 de noviembre. Es decir, en menos de una semana. Los agentes sociales se muestran pesimistas al respecto, sobre todo por el ritmo de las negociaciones del último mes. A pesar de ello, en el Ejecutivo tienen la esperanza de que se cumpla el plazo. Sobre todo porque dan por hechas determinadas cuestiones, como la derogación de los aspectos considerados más lesivos de la reforma laboral de 2012

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Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno da por hecho que los agentes sociales han asumido y aceptado los postulados presentados en los últimos documentos sobre la reforma laboral.

Como ya contó este medio, en ellos se mantienen tanto la priorización del convenio de sector sobre el de empresa (sobre todo en aspectos salariales) y la recuperación de la ultraactividad de los convenios.

Aspectos a los que se venía oponiendo la CEOE, sobre todo a la recuperación de la ultraactividad de los convenios. Los empresarios consideran que las empresas perderían flexibilidad laboral. De hecho, fuentes de la patronal insisten en que esta cuestión y la priorización del convenio de sector se hallan entre sus líneas rojas.  

Sin embargo, el Ejecutivo da por hecho que estas cuestiones no serán problema para que exista un acuerdo social. En cambio, admiten que los principales obstáculos siguen en el campo de la temporalidad

Tres meses

En esta área, el Gobierno ha propuesto contratos temporales ocasionales de hasta tres meses, con topes para este tipo de contratación según el tamaño de las empresas. Todo ello con la promoción de los fijos discontinuos para cubrir las necesidades de sectores como la hostelería en campañas concretas, como fiestas señaladas y los veranos. 

Sin embargo, la oposición de la patronal en estas cuestiones es plena. Sobre todo de sectores que recurren mucho a la contratación temporal, como el del campo. 

Con todo, desde el Gobierno insisten en mostrarse positivos en la negociación e incluso en sacarla antes del 30 de noviembre con un 'arreón' en el Diálogo Social. Lo cierto es que no sería la primera. Varios de estos acelerones se vieron en las sucesivas prórrogas de los ERTE

Sin embargo, aquí hay más obstáculos. El Gobierno también insiste en la supresión del contrato de obra o servicio (con excepciones), puesto que se considera que serviría para el abuso de la subcontratación por parte de las empresas. 

ERTE

Las empresas se oponen a este enfoque. También al que se ha ofrecido para los nuevos ERTE, el Mecanismo RED. Tanto patronal como sindicatos han rechazado esta propuesta, que tachan de acelerada e intervencionista. 

El Gobierno se había comprometido a reformular esta iniciativa, pero por lo pronto no ha presentado nada al respecto al Diálogo Social. De ahí la desesperanza de empresarios y trabajadores, que echan de menos más velocidad en las negociaciones.  

En cualquier caso, representantes del Gobierno ya han dejado caer que no sería necesario el apoyo de todos los agentes sociales para cerrar un acuerdo en el campo de la reforma laboral. Aseguran que, con que se haya negociado su contenido, es suficiente. Un mensaje claro para la CEOE

De cumplir esta condición y tener aprobado el conjunto de medidas correspondiente antes de que acabe 2021 depende que España reciba más de 13.000 millones de euros procedentes de los fondos Next-Gen comunitarios en 2022

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