Los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) excepcionales por la Covid-19 han sido una tabla de salvación para trabajadores y empresas gracias a las prestaciones y exoneraciones de cuotas sociales. A pesar de ello, y de los oscuros pronósticos que se avecinan respecto al empleo, Moncloa estima una cantidad presupuestaria para 2021 que solo cubriría un mes de ERTE.

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Así lo indica el Plan Presupuestario que el Gobierno envió la semana pasada a la Comisión Europea. En él se precisa que se espera gastar unos 1.153 millones de euros en ERTE, 718 en prestaciones y 435 en exoneraciones. Según fuentes del Diálogo Social consultadas por Invertia, esta cifra solo alcanzaría para pagar 30 días de ERTE.

Con todo, el propio Plan Presupuestario avisa de que, dadas la incertidumbres presentes en el panorama económico, sus previsiones de gasto están sujetas a revisión y a posibles cambios.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo recalcan a este medio que no hay intenciones de 'destruir' los ERTE mientras sean necesarios. Será una herramienta que se mantendrá lo que dure la crisis del coronavirus o la pandemia, aunque las condiciones con las que se conserven pueden variar. 

Cabe recordar que la última ampliación aprobada de los ERTE durará solo hasta finales de enero. A principios de 2021, Gobierno, patronal y sindicatos se tendrán que volver a reunir para negociar una nueva extensión, un diálogo que se prevé todavía más duro que el de septiembre.

Ola de despidos

Sin embargo, las cifras que Moncloa ha enviado a Bruselas son las que son. Y se ponen blanco sobre negro cuando negros nubarrones se ciernen sobre el mercado laboral español. Numerosas empresas que se acogieron a ERTE al principio de pandemia ya han cumplido el periodo de protección del empleo de seis meses al que les obligaba el Gobierno. Es decir, que ya pueden despedir.

Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, ha avisado de que, según sus cálculos, las empresas que han pasado por ERTE y que ya están libres de la prohibición de despido prescindirán en los próximos meses de unas 150.000 personas, que ingresarán en las listas de parados.

Una oficina de empleo, en Madrid.

Y no serán las únicas. En la presentación de una encuesta que este órgano ha realizado sobre este colectivo profesional, Santiago ha avisado de que a esta cifra de despido habrá que sumar 150.000 más, que se derivarían de una eventual desaparición de autónomos por la crisis. “Nos plantaríamos en hasta 300.000 trabajadores más en la calle de aquí a final de año”, ha concretado Santiago.

De hecho, en la propia encuesta los gestores ponen en duda la utilidad de los ERTE para proteger el empleo hoy por hoy. Un 46% de ellos considera que seguirán siendo una herramienta básica para disminuir el número de despidos. Sin embargo, otro 46% considera que ni lo ha sido ni será fundamental para evitar los mismos.

Más medidas

“En nuestra opinión, o se complementan los ERTE con otro conjunto de medidas de apoyo a los negocios o no hay quien pare la caída de negocios y de despidos; ya se están produciendo, pero creemos que esto no ha hecho más que empezar”, ha indicado Santiago. 

El presidente de los gestores ha señalado que “no podemos seguir perdiendo el tiempo con discusiones hasta el extremo y hay que poner una batería de medidas a corto plazo que permitan mantener abiertos los negocios y sostener el empleo real, y no el empleo fantasma, como hasta ahora”.

Por otro lado, el Plan Presupuestario incluye una previsión para el gasto en ERTE este 2020, una cuestión que durante la negociación de la última extensión estuvo envuelta en polémica.

El Gobierno espera que el coste de los ERTE en 2020 esté en los 24.189 millones de euros. La mayoría de esta cantidad está siendo destinada a las prestaciones de los trabajadores, unos 17.840 millones. El resto, unos 6.349 millones, son las cuotas sociales que la Seguridad Social deja de cobrar por las exoneraciones a las empresas.