Han pasado 150 días sin avances desde que el Ministerio de Hacienda presentó a principios de diciembre su propuesta para reformar el sistema de reparto de los fondos a las comunidades, una demora que aboca esta importante decisión al último año de la legislatura. Se trata del periodo en el que más costará alcanzar los consensos que requiere entre partidos y territorios, circunstancia que abona el pesimismo.

Las autonomías más críticas son las presididas por el socialista Ximo Puig y el popular Juanma Moreno Bonilla. El primero comparte partido con Montero, de modo que se encuentra en una posición más compleja para alzar la voz públicamente contra ella. Pero la evolución del discurso de su Gobierno da buena cuenta de su enfado.

Cuando Hacienda anunció el borrador y afirmó que el nuevo reparto se haría en función de la "población ajustada", el consejero del ramo de Ximo Puig, Vicent Soler, tildó la decisión de "victoria colectiva". Pero, apenas unas semanas después, la Generalitat Valenciana constató que ese 'ajuste' perjudicaba a sus intereses.

En consecuencia, presentó al Ejecutivo un minucioso documento de alegaciones solicitando correcciones. Entre otras cuestiones, demandaba al Gobierno de España que el nuevo sistema ajustara fielmente la financiación al coste de los servicios transferidos a las autonomías, que contemplara más corresponsabilidad fiscal y que incorporara una solución a la deuda autonómica generada por la infrafinanciación.

De la euforia se pasó a la cautela, y esta última ya ha derivado en decepción ante la inacción del Gobierno de España. En el seno del Gobierno valenciano, según ha podido constatar EL ESPAÑOL-Invertia, no entienden por qué el Ministerio de Hacienda lleva cuatro meses sin mover ficha tras recibir las alegaciones presentadas por todos los territorios.

"No tenemos noticias, no sabemos si Hacienda quiere elaborar un nuevo documento incorporando las alegaciones que considere oportunas o si nos va a invitar a que nos sentemos a negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero, sea como prefiera, debería dar ya el siguiente paso", reclaman preguntados por este medio.

"Inaplazable"

El discurso oficial, sin embargo, se centra en repartir la culpa del atasco. Los socialistas apuntan a Alberto Núñez Feijóo por no haber situado esta cuestión entre los asuntos de Estado prioritarios en su encuentro con Pedro Sánchez.

"Estamos expectantes por saber qué decisión toma Feijóo como presidente del Partido Popular. En Galicia tuvo una actitud hostil y ha defendido un modelo contrario a nuestros intereses", manifestó Ximo Puig esta semana en el parlamento valenciano, donde subrayó que "este partido se tiene que jugar en el Congreso de los Diputados, porque para su aprobación se necesita de una mayoría suficiente y algunos prefieren estar con el statu quo".

Pero también lanzó un mensaje directo a su partido. "Yo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo digo: es inaplazable la financiación", respondió interpelado por el PP, a quien aseguró que defenderá la reforma "siempre, gobierne quien gobierne en Madrid". Sin micrófonos, los socialistas valencianos consultados por este periódico elevan más el tono: "Es cierto que necesitamos mayoría en el Congreso, pero es que parece que el Gobierno no la quiera llevar al Congreso".

Para la Comunidad Valenciana se trata, en efecto, de un asunto crítico e inaplazable, porque recibe alrededor de 200 euros menos por habitante que la media de las autonomías españolas del régimen común y hasta 700 euros menos por ciudadano que la región que más se beneficia con el actual modelo, que es Cantabria.

Para gastar tanto como la media, la Generalitat de Ximo Puig incorpora cada año una "partida reivindicativa" en sus presupuestos a cuenta de la reforma del sistema que nunca llega. En consecuencia, esos alrededor de 1.300 millones de euros se convierten cada año en déficit que engorda la ya desbocada deuda valenciana.

Según un informe de la Sindicatura de Comptes, el 78% de la deuda valenciana ha sido generada por la infrafinanciación. Se trata de 41.926 millones de euros del total de 53.820 que debía la región al cierre de 2022, tal y como publicó recientemente el Banco de España.

María Jesús Montero se ha abierto a condonar deuda a las regiones infrafinanciadas, algo que ningún ministro había hecho hasta la fecha. "Es quien más sensibilidad ha tenido", manifestó Puig esta semana. Esa 'sensibilidad' "es latente y está viva", según dijo el portavoz socialista Héctor Gómez este jueves, de visita en Valencia. "Pero no basta con buenas palabras, porque mañana puede cambiar la ministra o todo el Gobierno y quedar todo lo dicho en papel mojado. Lo que necesitamos es la reforma", manifiestan fuentes del PSPV-PSOE.

Juanma Moreno y Ximo Puig, juntos en Sevilla. EE

Por lo que respecta a Andalucía -gobernada por el PP y Cs-, la crítica al estancamiento de la reforma de la financiación autonómica es abierta y explícita. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, baraja adelantar las elecciones a las últimas semanas de junio, de modo que la legislatura autonómica expirará, salvo sorpresa mayúscula, sin que se produzca la reforma del sistema de financiación.

Desde que el Ministerio que dirige María Jesús Montero presentara el borrador de la financiación autonómica en diciembre, no se ha vuelto a tener ninguna otra información al respecto. La Consejería de Hacienda "no tiene esperanza" de que, a corto plazo, el Gobierno de España acometa alguna reforma del actual modelo por su "forma de actuar y viendo sus intenciones", según explicaron fuentes de la Consejería a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por lo tanto, el Ejecutivo de Juanma Moreno lamenta que se siga acentuando durante estos meses el "agravio". Según sus cálculos, Andalucía cuenta con un déficit de 100 euros por habitante, causando un agujero de entre 800 y 900 euros anuales en términos de habitante ajustado.

El malestar es doble en este caso. Andalucía había reclamado un fondo transitorio para hacer frente a esta situación, pero tampoco ha habido luz verde para esta compensación económica.

El consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, cree que es "urgente" e "inexcusable" la puesta en marcha de dicho fondo para nivelar a las regiones infrafinanciadas. El ahora también vicesecretario de Economía del PP sigue reclamándolo ante "la ausencia de avances" en la reforma del actual sistema de financiación autonómica, que "penaliza y coloca en una situación de clara desventaja a murcianos, andaluces y valencianos".

"También reclamamos que el Gobierno central dote de más recursos al conjunto del sistema, ya que la Covid-19 ha evidenciado las tensiones en el ámbito sanitario y educativo, competencias cuya gestión recae directamente sobre las comunidades", apuntan desde el Departamento de Bravo.