Hace justo un año, cuando era presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), el recién nombrado ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue tajante a la hora de reclamar a todos los partidos políticos "un punto de encuentro" para reducir la deuda pública que España acumula. "Nos hace muy vulnerables", afirmó en referencia a una carga que se acercaba entonces al 100% del Producto Interior Bruto (PIB) español.
Un año después, Escrivá ya no preside AIReF y está al frente de un ministerio de nueva creación en el nuevo Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez. Lo que no ha cambiado es el volumen de la deuda pública, superior al billón de euros y por tanto todavía próximo al 100% del PIB. Vamos, que el problema que hacía a España "muy vulnerable" ante los hipotéticos 'cambios de humor' del mercado sigue ahí.
La ventaja, eso sí, radica en los bajos costes de financiación actuales, que son incluso negativos en las letras y los bonos hasta cinco años, al abrigo de la extraordinaria política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Esta se manifiesta por dos vías, con unos tipos de depósito -los importantes ahora- en el -0,50% y con las compras de activos -entre ellos deuda pública ya emitida- en el mercado. En los últimos años, este favorable contexto ha permitido al Tesoro Público, el brazo encargado de captar financiación para España en los mercados, refinanciar los vencimientos de deuda a unos intereses más bajos y alargar los plazos de la deuda en circulación para asegurarse precisamente una financiación barata a muy largo plazo.
Este segundo objetivo se ha traducido en una ampliación de la vida media de la deuda en circulación. Si en 2009 se situaba en los 6,4 años y en 2014, en los 6,3 años, a finales de 2019 alcanzaba ya los 7,5 años.
ATASCO DESDE 2030
Ahora bien, esta estrategia también ha deparado una creciente acumulación de deuda a muy largo plazo. España ya carga con 221.000 millones de euros en deuda pública que vencerá a partir del año 2030. Ese año, por ejemplo, 'aguardan' 45.000 millones; cerca de 23.000 millones en 2032; y el plazo más largo llega hasta 2066, cuando esperan ya 11.854,2 millones.
En estos momentos, y precisamente por la política del BCE, que no está previsto que cambie a corto plazo, la deuda pública parece un problema menor. No preocupa su coste ni obtener el dinero preciso, como quedó demostrado este martes, cuando el Tesoro captó 10.000 millones en una operación sindicada de títulos a 10 años en la que se encontró con una demanda récord superior a los 53.000 millones de euros.
No tomarse en serio la necesidad de reducir la deuda pública tendrá consecuencias. Escrivá ya lo avisó hace justo un año: "Puede complicar extraordinariamente la gestión de la presión sobre el gasto público del inexorable envejecimiento de la población"
Pero esta percepción, en sí misma, evidencia que la deuda, como prevenía Escrivá hace un año, sí representa un problema. Y sobre todo la acumulada a más largo plazo. Primero, por la incertidumbre sobre cuánto costará refinanciar esa deuda ya emitida. Y segundo, y principalmente, porque será a partir de 2030 cuando se notarán con mayor claridad los efectos de la jubilación del 'baby boom' sobre las pensiones y de la longevidad y el envejecimiento de la población. Ambos requerirán un mayor esfuerzo a las arcas públicas, en el segundo caso con más gasto en sanidad, dependencia o atención social en un entorno que apunta, además, hacia un número menor de cotizantes.
O lo que es lo mismo, un contexto que exigirá financiación para atender unas necesidades que, de lo contrario, será difícil cubrir. De ahí la importancia, más allá de las favorables condiciones actuales, de trazar una estrategia para aligerar la carga de la deuda pública existente con el fin de hacer hueco y facilitar la tarea del Tesoro en el futuro. Hace un año, Escrivá también lo advertía: "Más a medio plazo, [la elevada deuda pública] puede complicar extraordinariamente la gestión de la presión sobre el gasto público del inexorable envejecimiento de la población".