Mañana, lunes, termina el plazo del trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos (CPD) impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se abrió hace unas semanas.

Un pequeño paso adelante en la historia sobre la prometida regulación de los CPD que empezó hace más de un año. 

José Luis Escrivá lleva fuera del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública desde septiembre de 2024, cuando se oficializó su salida hacia el Banco de España y su sustitución por parte de Óscar López, el actual ministro. Sin embargo, en estos 12 meses, las promesas que hizo durante su breve etapa al frente de la misma siguen coleando. Entre ellas, dos grandes normas. 

Por un lado, el exministro prometió una legislación relacionada con la protección online. Esta, aunque se hizo de rogar y se retrasó más de lo previsto, terminó viendo la luz a principios de este ejercicio, bajo el nombre de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad.

Otro cantar es lo relativo a la segunda gran norma prometida por Escrivá que, en este caso, tenía que ver con la regulación de los centros de procesamientos de datos (CPD). A pesar de que el actual gobernador del Banco de España la incluyó entre las líneas estratégicas que expuso en el Congreso de los Diputados al ocupar el ministerio, su mandato terminó sin rastro de la misma. 

En los pocos meses que estuvo al frente de la cartera de digitalización, el exministro dio información a cuentagotas sobre la legislación relativa a estas infraestructuras. Así, tan solo se supo que el foco estaría puesto en garantizar los criterios de sostenibilidad de dicha industria, conocida por su alto consumo de electricidad y agua, y que, por tanto, se desplegaría en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica. 

Además, sucintamente, el anterior responsable del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública precisó que esta futura ley no solo se regularían los requisitos de eficiencia energética, sino también la ubicación de estas construcciones para evitar que haya una concentración excesiva en determinadas regiones.

En su etapa, Escrivá precisó, asimismo, que la idea era enmarcar esta norma dentro la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial de España, impulsada durante su mandato, en mayo de 2024. Así, en la segunda de las ocho palancas que componen este documento se incluye un apartado dedicado a la sostenibilidad y eficiencia de los CPD. 

En ella, se menciona que el Gobierno está trabajando en la transposición de la directiva europea relativa a la eficiencia energética y en su acto delegado. Esta exige a aquellas infraestructuras de más de 500 kW la recogida y publicación de datos relevantes para el rendimiento energético, el uso de energías renovables, la huella hídrica y la demanda y, para los de más de 1.000 kW, estrategias de recuperación de calor.

Y, entonces, la pelota pasó a Óscar López. 

Sin mucha más información sobre esta regulación, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública cambió de dirigente. El actual mandatario hizo suya esta propuesta y confirmó en su toma de posesión que trabajarían para la elaboración de una Estrategia de Centros de Datos Sostenibles que ayudase a impulsar "la transformación digital y la economía del dato de España" en línea con la transición ecológica y el "uso responsable" de recursos escasos como el agua o la energía. 

Avances lentos 

Desde entonces, los avances relativos a esta posible futura norma se han dado a cuentagotas. Por un lado, se sabe que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico están trabajando en la transposición a España de la Directiva de Eficiencia Energética (DEE) comunitaria a la que se hace referencia en la Estrategia Nacional de IA española.  

Eso sí, en su web precisan que esta cartera se encarga “exclusivamente” de “coordinar la transposición del artículo 12” en concreto y del resto de disposiciones relacionadas con los CPD en la directiva europea, pero que “el resto de competencias en materia de centros de datos” corresponde a "otros departamentos ministeriales". 

En línea con estas competencias, el pasado 8 de agosto, el ministerio dirigido por Sara Aagesen, abrió el trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto (RD) por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. 

En esta petición, la cartera desgrana las obligaciones que se incluirían en el futuro RD como el reporte de una serie de indicadores en materia de energía y sostenibilidad como la superficie ocupada, el consumo de energía y su procedencia, la contribución a la resiliencia del sistema eléctrico, el consumo de agua, el tipo de refrigerantes usados o la eficacia en el uso de los distintos recursos. También, datos de impacto socioeconómico de los proyectos, incluyendo el empleo generado o la contribución a la economía local y nacional.

Además, en línea con el artículo 12 de la directiva, establece que los titulares de centros de datos deberán remitir información de cómo tienen en cuenta las medidas, actuaciones y criterios contenidos en el código de conducta europeo, y regula la obligación recogida en el artículo 26, que establece que los estados deben velar porque estas construcciones utilicen el calor residual cuando resulte técnica y económicamente viable, así como la metodología del análisis coste-beneficio que debe realizarse.

Hasta mañana, 15 de septiembre, todas las organizaciones o entidades relacionadas o afectadas por la regulación podrán enviar sus propuestas al formulario creado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Sin noticias 

Otro es el cantar en lo que respecta al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la otra gran cartera encargada de la regulación de los centros de datos y cuyo ministro actual prometió la elaboración de una Estrategia de Centros de Datos Sostenibles en su toma de posesión. En este caso, el silencio impera.

Hasta el momento, la cartera dirigida por López no ha anunciado ninguna novedad respecto a esta promesa, heredada de Escrivá. De hecho, en los últimos meses las referencias a esta posible legislación han sido cada vez más escasas.

Preguntado por este medio sobre las novedades relativas a esta norma o su estado actual, desde el ministerio relativo a la digitalización no han querido hacer ninguna declaración al respecto.