La protección de los derechos digitales de la infancia se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. La revolución tecnológica, con avances como internet, la inteligencia artificial o la neurotecnología, ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Sin embargo, ninguno de estos desarrollos tuvo como objetivo inicial mejorar la vida del tercio de la población mundial que representa la infancia. Hoy, la realidad nos obliga a corregir el rumbo: los entornos digitales, lejos de ser neutrales, impactan de manera directa en los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
El acceso temprano e intensivo a dispositivos, la presencia masiva en redes sociales y la exposición constante a contenidos y servicios digitales han dejado huellas profundas en la salud mental y emocional de los más jóvenes.
No hablamos solo de riesgos evidentes como el ciberacoso o la pérdida de privacidad, sino también de efectos más sutiles: fatiga mental, presión por la imagen personal, reducción de la interacción cara a cara y una creciente dependencia tecnológica. Todo ello configura un problema de salud pública que exige respuestas urgentes y coordinadas.
Para responder adecuadamente ante un reto de tal dimensión, es esencial comprender con precisión el impacto digital en el bienestar de la infancia. Por ello, UNICEF España junto con la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería Informática y Red.es, ha elaborado el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en el que se ha consultado a cerca de 100.000 estudiantes de entre 10 y 20 años, que ofrece una radiografía actualizada y rigurosa sobre su relación con la tecnología.
De objetos de tutela a sujetos de derechos
Para entender la dimensión del reto, conviene recordar un principio fundamental: la infancia es sujeto de derechos. Este concepto, consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, rompe con la visión asistencialista que durante siglos consideró a los menores de 18 años como simples receptores de protección.
Hoy, niños, niñas y adolescentes son titulares plenos de derechos humanos, con capacidad para ejercerlos y exigir su cumplimiento. Y lo que es válido en el mundo físico debe serlo también en el digital.
En 2021, el Comité de los Derechos del Niño dio un paso decisivo al publicar la Observación General nº 25, que adapta este marco al entorno digital. El mensaje es claro: los derechos que protegen la privacidad, la seguridad, la educación y la participación no desaparecen cuando se enciende una pantalla. Por el contrario, deben reforzarse ante los riesgos específicos que plantea la tecnología.
¿Quiénes son los garantes y cuáles son sus responsabilidades?
En este escenario, los garantes de derechos tienen responsabilidades ineludibles. El Estado debe liderar la regulación y supervisión de los entornos digitales, asegurando que las plataformas cumplan con estándares de protección infantil y que existan mecanismos eficaces de denuncia y reparación. Además, debe generar políticas públicas que permitan a las familias y a las escuelas acompañar a niños, niñas y adolescentes en un uso crítico y saludable de la tecnología.
El papel de las familias, por su parte, no puede limitarse solo a la supervisión, sino que implica educar en competencias digitales, fomentar hábitos seguros y mantener un diálogo abierto sobre riesgos y oportunidades. Los centros educativos deben integrar la alfabetización digital en sus programas, enseñando a los estudiantes a desenvolverse en entornos digitales con responsabilidad y criterio.
Las empresas tecnológicas ocupan un lugar central en esta ecuación. No basta con cumplir la ley: deben asumir un compromiso ético que vaya más allá de la rentabilidad. Diseñar sistemas seguros, proteger la privacidad, evitar modelos de negocio basados en la explotación de vulnerabilidades y ofrecer transparencia sobre el uso de datos son obligaciones que no admiten demora.
Desde UNICEF, se propone la elaboración de informes corporativos sólidos sobre el impacto en los derechos de la infancia, que permitan a reguladores, accionistas y sociedad civil evaluar el grado de responsabilidad de cada compañía.
España ante el reto: avances y asignaturas pendientes
En España, el marco normativo ha dado pasos importantes. La Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI), aprobada en 2021, refuerza la obligación de todos los adultos -profesionales y sociedad- de detectar y denunciar amenazas contra la infancia, incluyendo las que se producen en entornos digitales.
El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales se encuentra en trámite parlamentario y establece algunos avances significativos a la espera del proceso de enmiendas.
Sin embargo, los retos son enormes. La coordinación entre niveles competenciales -Estado, comunidades autónomas y municipios- puede suponer un factor de éxito o de fracaso. Políticas educativas, conciliación familiar, prevención de violencias y regulación de plataformas requieren un enfoque integral que la descentralización puede ayudar a precisar o desnaturalizar.
A ello se suma la necesidad de liderar procesos regulatorios en el marco europeo, donde se deciden cuestiones clave como la protección de datos, la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas.
Un problema transversal que exige soluciones compartidas
No hay hogar donde no se manifieste alguna arista del problema. La sobreexposición a pantallas, el acceso a contenidos inadecuados, la presión por la imagen personal y la dependencia tecnológica son realidades que atraviesan todas las clases sociales y territorios.
Ante este panorama, ningún actor puede avanzar en solitario. Se necesita un abordaje comunitario, con estrategias preventivas compartidas que equilibren conectividad y protección, fomenten competencias digitales y den voz a los propios jóvenes.
La llegada continua de tecnologías disruptivas -inteligencia artificial, realidad aumentada, neurotecnología- añade vértigo a la ecuación. Cada innovación cuestiona los marcos regulatorios existentes y obliga a repensar las estrategias. Por eso, más que nunca, es necesario adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia que permita diseñar medidas adaptativas, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades.
La digitalización ofrece enormes posibilidades para mejorar la vida de la infancia: acceso a información, educación personalizada, herramientas para la creatividad y la participación. Pero estas oportunidades solo se materializarán si se garantiza un entorno seguro, inclusivo y respetuoso con los derechos fundamentales. La protección digital no es un lujo ni una opción: es una obligación ética y legal que interpela a gobiernos, empresas, familias y sociedad en su conjunto.
El reto es complejo, pero ineludible. De cómo respondamos dependerá que la tecnología sea una aliada del bienestar infantil o una amenaza para su desarrollo. Y en esa respuesta, la voz de los propios niños y adolescentes debe ocupar un lugar central. Porque no hay mejor garantía de derechos que escuchar a quienes los ejercen.
***Nacho Guadix es responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España