El último año nos ha dejado una lección incómoda: muchas de las infraestructuras de nuestro país no están preparadas para lo que viene. Incendios forestales obligaron a evacuar municipios enteros en Navarra y Castilla y León y lluvias torrenciales triplicaron los registros previstos en la Comunidad Valenciana y Cataluña, provocando inundaciones que dejaron fuera de servicio carreteras, subestaciones eléctricas, estaciones base de telecomunicaciones y accesos críticos para equipos de emergencia.

Cada fenómeno natural expuso la misma realidad: muchas infraestructuras que sostienen servicios esenciales fueron diseñadas con criterios de seguridad que ya no son suficientes para el clima que estamos viviendo.

Este verano quedó demostrado, durante los operativos contra incendios en cinco comunidades autónomas, hasta qué punto la comunicación crítica es un pilar esencial en situaciones extremas. Brigadas forestales, bomberos, protección civil, servicios de emergencias 112… todos necesitaban coordinarse en tiempo real en zonas donde el fuego había destruido infraestructura tradicional o donde no existía cobertura convencional. La resiliencia no es teoría: es lo que permite que la vida siga funcionando cuando todo falla.

España ha aprobado la Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que obliga a las infraestructuras de servicios esenciales (telecomunicaciones, energía, transporte, agua) a elaborar un Plan de Resiliencia en seis meses. No es opcional ni una recomendación, es un mandato.

Alineado con la Directiva Europea 2022/2557, esta normativa exige prever escenarios donde varios sistemas fallen a la vez. Y eso implica cambiar cómo planificamos y construimos.

Resiliencia significa integrar la prevención en el diseño infraestructuras en zonas forestales con sistemas de detección temprana y accesos seguros; redes críticas con respaldos en varias ubicaciones físicas; y coordinación con emergencias desde el inicio.

Las redes de seguridad y emergencias autonómicas -las que utilizan bomberos, protección civil, policías y centros 112- han demostrado en estos episodios su capacidad para mantenerse operativas en condiciones extremas gracias a modelos de redundancia, alimentación alternativa y arquitecturas robustas. En el ámbito de las infraestructuras críticas, la resiliencia no es una novedad: lleva años siendo un requisito implícito para sostener servicios donde la vida de las personas depende de que la comunicación no falle.

España es un país de riesgos diversos: marejadas en la costa, incendios en zonas forestales, inundaciones en valles, nieve y aludes en alta montaña. El cambio climático está llevando fenómenos extremos a lugares donde antes eran improbables.

Durante años, el coste de adaptación se ha pospuesto. La nueva regulación rompe esa dinámica: la resiliencia forma parte de la operación.

Las administraciones exigirán resiliencia integrada desde el inicio. Los operadores que no la incorporen quedarán fuera de los contratos. La competitividad pasa por la anticipación.

Lo que comenzó como un marco ESG voluntario es ahora una regulación obligatoria. La Directiva CSRD, ya transpuesta en España, exige que las empresas informen sobre riesgos climáticos, medidas de mitigación y planes de adaptación.

Para los operadores de infraestructuras críticas, esto significa que inversores y reguladores premiarán a quienes demuestren resiliencia real: sistemas redundantes, continuidad de servicio, respuesta rápida y evaluaciones de riesgo integradas.

La sostenibilidad corporativa sigue siendo relevante, pero lo que definirá a los operadores confiables en los próximos 20 años será su capacidad de resistir eventos climáticos extremos y recuperarse de ellos.

Las administraciones que han vivido una DANA, un gran incendio o una sequía extrema no volverán a confiar en operadores que prometan que “todo funcionará”. Exigirán planes, redundancia, protocolos claros, coordinación con emergencias y transparencia sobre riesgos.

Y es lo correcto. Las infraestructuras que sostienen hospitales, servicios de agua, comunicaciones de emergencia o seguridad pública no admiten improvisación. El territorio no perdona. Porque la resiliencia no es una opción, es la base del futuro. La pregunta para las administraciones no es si deben adaptar su infraestructura, sino cuándo empezar. Y la respuesta es clara: ahora.

La realidad es que muchas infraestructuras críticas llevan años operando bajo estos criterios, anticipándose a escenarios cada vez más exigentes y garantizando continuidad incluso cuando el entorno falla. Lo que cambia ahora es que este estándar deja de ser diferencial para convertirse en la base mínima que la normativa -y la propia ciudadanía- va a exigir.

***Marta Rubí es directora de Negocio de Administraciones Públicas en Cellnex España