Las claves

nuevo Generado con IA

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia a principios de año, el mandatario ya ha firmado más de 220 órdenes ejecutivas. Este tipo de instrucciones oficiales permiten al presidente implementar políticas públicas y directrices administrativas sin necesidad de pasar por el Congreso.

Se trata de una herramienta polémica, ya que concentra amplios poderes en la figura presidencial y suele ser objeto de impugnaciones ante los tribunales. Todo indica que la nueva orden ejecutiva emitida por Trump este mes no será una excepción y acabará enfrentándose a una intensa batalla judicial.

El documento otorga al gobierno federal la facultad de bloquear cualquier ley estatal que intente regular o imponer limitaciones al desarrollo y uso de la inteligencia artificial, un ámbito que la administración considera estratégico para la competitividad del país.

“Solo puede haber un ganador en esta carrera: China o Estados Unidos, y nosotros estamos ganando la carrera”, afirmó el presidente ante los medios. “China cuenta con una base central de aprobación de leyes. Necesitamos tener una sola fuente encargada de gestionar las aprobaciones”, añadió Trump, defendiendo un modelo centralizado.

En ese mismo discurso, Trump señaló que “no se puede acudir a California o Nueva York” para decidir qué tipo de regulaciones deben salir adelante, en referencia a los estados que han avanzado de forma más activa en este terreno.

Se trata de una crítica directa a figuras como la del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien ha liderado iniciativas regulatorias que exigen mayor transparencia y responsabilidad a las empresas que encabezan la carrera de la inteligencia artificial.

Otros estados, como Dakota del Sur, han aprobado leyes que prohíben el uso de “deep fakes” (esto es, vídeos e imágenes falsas generadas con IA) durante los procesos electorales, al considerar que este tipo de contenidos puede distorsionar la percepción de los votantes e interferir en la integridad democrática.

Asimismo, varios estados han sido pioneros en adoptar regulaciones destinadas a proteger a los menores de edad frente a los riesgos asociados a chatbots y redes sociales que emplean tecnología de inteligencia artificial.

La nueva orden ejecutiva de Trump otorga poder al fiscal general para demandar a aquellos estados que intenten promulgar leyes que, según la Casa Blanca, vayan en contra de “la supremacía estadounidense en la carrera de la IA”.

Además, los estados que ya cuenten con normativas estrictas que impongan restricciones al desarrollo o despliegue de esta tecnología podrían perder el acceso a ayudas federales, una herramienta de presión que la administración Trump ha utilizado en otras ocasiones para reforzar el control del gobierno central sobre los estados.

Parte de la orden busca establecer un marco regulatorio único y centralizado que permita declarar automáticamente inválidas determinadas leyes estatales. El presidente criticó lo que considera una situación impráctica en la que cada estado impone sus propias normas, dando lugar a un entramado de regulaciones distintas en los 50 estados del país.

El hecho de que se trate de una orden ejecutiva no garantiza, sin embargo, que su implementación sea efectiva. En esta ocasión, el rechazo a la medida ha sido expresado tanto por representantes del Partido Demócrata como por sectores del propio Partido Republicano.

Los gobiernos estatales podrían llevar a juicio a la administración federal para bloquear la orden, argumentando que solo el Congreso tiene la autoridad constitucional para invalidar leyes estatales.

El mismo día en que el presidente firmó el documento, las redes sociales se inundaron de memes y vídeos generados con IA que ridiculizaban al ejecutivo y a su gobierno, utilizando sus propias imágenes para manipular contenidos y difundir noticias falsas, un fenómeno que volvió a poner de relieve la necesidad de debatir límites y controles sobre esta tecnología.

“Para ganar esta carrera, las empresas estadounidenses de inteligencia artificial deben ser libres de innovar sin regulaciones engorrosas. Pero una regulación estatal excesiva frustra este objetivo”, detalla el texto firmado por el gobierno. “La regulación estado por estado crea, por definición, un mosaico de 50 regímenes regulatorios distintos que dificulta el cumplimiento, especialmente para las startups”.

Pam Bondi, la fiscal general, dispondrá de un plazo de 30 días para crear un comité de trabajo encargado de impugnar leyes estatales sobre IA que “regulen de manera inconstitucional el comercio interestatal” o entren en conflicto con la legislación federal vigente.

Los críticos advierten que el lenguaje de la orden podría ser inconstitucional, al vulnerar la soberanía de los estados. Además, señalan la relación favorable de la administración Trump con las grandes empresas tecnológicas, que donaron millones de dólares para su acto de investidura y han financiado proyectos oficiales como un nuevo pabellón en la Casa Blanca, alimentando las críticas sobre un gobierno que priorizaría los intereses corporativos frente a los intereses de los ciudadanos estadounidenses.