Se trata de un documento que busca adaptar los actuales derechos fundamentales, recogidos en la Constitución Española, a la era digital. Una respuesta ambiciosa a los retos que se han planteado en materia normativa a la hora de garantizar los valores y derechos ya existentes (desde el respeto a la propia identidad de cada ciudadano hasta la protección de datos, pasando por la neutralidad de la red, la protección de los menores o la no discriminación de las minorías) ante la irrupción de paradigmas como la inteligencia artificial o las plataformas sociales.

La Carta incluye además apartados dedicados a proteger la libertad de expresión y de información en la red, la participación ciudadana por medios digitales o a la libertad de empresa en el entorno digital. Igualmente, viene a sentar las bases del desarrollo tecnológico responsable, sostenible y ético en áreas como la investigación científica, la salud o el propio entorno digital.

Prueba de la importancia de este texto es que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital -Nadia Calviño- y las de Justicia -Pilar Llop- y de Ciencia e Innovación -Diana Morant- también acudirán a su presentación.

Estas últimas son dos de los nuevos rostros que Sánchez ha introducido en su Ejecutivo de cara a esta segunda fase de su mandato, la de la recuperación económica sobre los pilares de la digitalización y la sostenibilidad.

Expectación en la comunidad digital

El documento que presenta Pedro Sánchez es el resultado de un largo trabajo desarrollado bajo los focos de toda la comunidad digital. El anuncio de la puesta en marcha de este proyecto aconteció el 15 de junio de 2020, bajo la batuta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que recogía a su vez el testigo de una labor previa ya iniciada en 2017 por el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos, todavía con Mariano Rajoy como presidente.

Tras meses de trabajo de un nutrido grupo de expertas y expertos y una consulta pública inicial de por medio, el pasado 17 de noviembre se publicaba la primera versión de esa carta. “Estamos ante un día histórico en el que España se posiciona como pionera, como primer país que hace una propuesta concreta de derechos digitales para la ciudadanía, liderando el debate del humanismo tecnológico en Europa y a nivel internacional”, afirmó entonces la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Ese primer texto fue acogido con optimismo por la comunidad, pero también con numerosas críticas. Como ya analizamos en D+I, los expertos criticaron su carácter "tecnologista, contradictorio y que crea incertidumbre legal", además de considerar algunos de sus puntos -como la prohibición del uso de sistemas de IA para manipular- como "simplistas". Incluso se llegaron a detectar algunas contradicciones entre varios de los puntos propuestos, como los de la pseudonimidad, el no perfilado y la identidad digital, "técnicamente incompatibles entre sí".

Queda por ver si, en la versión final de la Carta de Derechos Digitales, estos puntos han sido corregidos o matizados de algún modo. Será el propio Pedro Sánchez quien desvele el misterio.