España aspira a convertirse en un epicentro de los centros de datos en el sur de Europa. A nuestro favor, una localización geográfica inmejorable, buenas interconexiones con los cables submarinos y un mercado muy grande que está dando el salto a la nube pública de forma masiva con cargas que ya son sensibles y requieren de instalaciones locales.
No en vano, Amazon está invirtiendo 2.500 millones de euros en diez años para crear su región de datos en España, con el estreno en 2022 (un año antes de lo previsto) de un primer CPD en Aragón. Serán tres granjas de servidores en total los que el gigante de la nube va a abrir en nuestro país.
A su vez, Google y Microsoft han optado por aliarse con Telefónica para desplegar sus servicios 'cloud' en una región de datos puramente española. Para ello, usarán los centros de datos que emplea Telefónica, como el Tier IV de Alcalá de Henares, propiedad de Nabiax tras la venta en 2019 por parte de la operadora de su negocio de centros de datos al fondo Asterion
Siguiendo con la lista, Equinix invertirá el equivalente a 234 millones de euros en dos centros de datos en España y Oracle ha insinuado esta semana -por boca de su líder en España, Albert Triola- novedades próximas en este mismo sentido.
La llegada de estos centros de datos es una buena noticia para la industria tecnológica, para las empresas que necesitan de la baja latencia y los requisitos de localización de esta proximidad geográfica. Es una gran noticia para proveedores y partners de los colosos de la nube, que ven un importante negocio en los próximos años. Y una noticia excelente, en teoría, para los municipios que alojarán estos CPD como fuente de riqueza, empleo y futuro.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Ni el empleo es tan grande ni de tan alto valor como uno pueda imaginarse (la mayoría serán técnicos de mantenimiento) ni las inversiones serán algo constante una vez desplegado el CPD. Pero también comienzan a suscitarse dudas sobre otro aspecto clave de este tema: el medio ambiente.
En Estados Unidos, la población de algunos municipios que van a tener su propio centro de datos se está rebelando contra ellos por los miedos a que sus altas exigencias de energía o agua puedan ser negativas para los intereses públicos.
Por ejemplo, la ciudad de Mesa, en la desértica Arizona, aprobó un CPD con una inversión asociada de 800 millones de dólares. Pero hasta la vicealcaldesa del municipio está criticando los 4,73 millones de litros de agua al día que esa instalación necesitará para refrigerar sus servidores. Una demanda ingente que no casa muy bien cuando el último curso ha sido el más seco en 126 años en la zona.
Si bien algunas enseñas han prometido ser neutras o positivas en su consumo de energía y agua, lo cierto es que ese temor está ahí. El camino hacia la digitalización no puede ir desacoplado de la apuesta por la sostenibilidad o corre el riesgo de plantar una nueva barrera con la sociedad a la que sirve.