Esta semana, el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva acerca de los derechos mínimos que tienen que tener los trabajadores de plataformas como Uber, Deliveroo o Glovo; aquellos que conforman la llamada economía colaborativa. Entre otras medidas incluidas en la directiva se encuentra la limitación de los períodos de prueba, la exigencia de que el trabajador sepa con anterioridad su horario (y pueda rechazarlo sin consecuencias) o la imposición de que la formación que se considere obligatoria en su campo de actividad corra a cargo del empleador.

También se recoge otro aspecto clave para los liberales, que son quienes han impulsado este texto, como es el derecho a firmar contratos con diferentes servicios -aunque sean rivales- sin que pueda mediar ningún tipo de amenaza o penalización.

En un principio, toda norma que sirva para regular la llamada economía colaborativa ha de ser bienvenida, pues acaba con la incertidumbre que impera en este sector y que, a su vez, lastra la inversión o la confianza en las empresas y profesionales que en él operan. Sin embargo, cuando digo que es un acuerdo de mínimos, es porque la regulación que aporta es verdaderamente minúscula.

Así pues, la futura directiva no aborda cuestiones fundamentales como el salario mínimo por hora que han de cobrar estos trabajadores, su equiparación a profesionales similares que trabajen para empresas tradicionales o la gestión flexible de las cotizaciones a la Seguridad Social que requiere un campo de actividad como éste. Además, no olvidemos que la UE ha optado por trasladar estos principios por la vía de la directiva y no del reglamento, con lo que aún podríamos tener sorpresas en los tres años que hay para transponer la norma al ordenamiento jurídico español. Y más aún: esas modificaciones locales podrían consolidar las diferencias jurídicas en un modelo empresarial en plena ebullición dentro de la Unión Europea como es el de la economía colaborativa.

Un texto a medias, que se queda sin satisfacer la plena regulación que exigían los liberales ni la protección social que demandan los partidos de izquierdas. Pero, a veces, parece que en Bruselas lo único que importa es sacarse la foto, más que abordar el problema completo...