Eduardo Arbizu, jefe de los servicios jurídicos del BBVA durante casi 20 años, ha afirmado este lunes en la Audiencia Nacional que no tuvo relación alguna con la contratación de la empresa Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo, entre diciembre de 2004 y noviembre de 2017, para encargos por los que cobró un total de 10,2 millones de euros.

Los trabajos de Villarejo para el BBVA están bajo la lupa del juez Manuel García-Castellón porque el polémico excomisario habría utilizado métodos ilegales para obtener información, como el acceso a las comunicaciones de las personas a las que espió, seguimientos personales o conocimiento de documentación bancaria.

El primer encargo tuvo por objeto el frustrado asalto de Sacyr al BBVA a finales de 2004. Después se encomendó a Villarejo la investigación del patrimonio oculto de morosos como Fernando Martín, Luis Manuel Portillo y el grupo Prasa. Finalmente, se le encargó una investigación sobre Ausbanc que permitiera contrarrestar el hostigamiento al banco por parte de esa asociación, que acabó siendo denunciada en la Fiscalía y sus principales directivos, condenados.

Arbizu ha comparecido ante el juez a petición de su defensa después de que en noviembre de 2019, cuando fue citado por primera vez, se acogiera a su derecho a no declarar porque las diligencias estaban bajo secreto.

Hoy ha contestado durante más de dos horas a las preguntas de su abogado, Javier Sánchez Junco, y a las del fiscal Alejandro Cabaleiro, aunque el interrogatorio de éste, confuso y desnortado, no aportó datos de relevancia.

Según fuentes conocedoras de la declaración, el exdirectivo del BBVA ha afirmado que no tuvo ninguna participación en la contratación de Villarejo, no le eligió como proveedor ni le correspondía homologar a su empresa, verificar las contraprestaciones u ordenar los pagos.

Corrochano y Béjar

Arbizu ha subrayado que la contratación de Villarejo fue responsabilidad del jefe de seguridad, Julio Corrochano, y de Antonio Béjar, responsable de riesgos, áreas sobre las que él no tenía ninguna responsabilidad funcional. Tampoco le correspondía el control de las decisiones relativas a la contratación de proveedores ajenos al área jurídica ni el seguimiento de la ejecución de los contratos, que recaía sobre los propios departamentos contratantes.

Eduardo Arbizu desmintió, así, a Corrochano y a Béjar, que han implicado a la asesoría jurídica en la supervisión de la contratación de Cenyt. Su departamento no conoció ninguno de los contratos con Villarejo a excepción de uno, en septiembre de 2014, porque "me lo reenvía un director general [Manuel Castro, superior de Béjar] y yo se lo reenvío al asesor jurídico competente para que revise las cláusulas, pero no la selección del proveedor".

"No hubo intervención de los servicios jurídicos, pero, de haberla habido, eso no justifica que uno no ejerza sus responsabilidades", ha dicho Arbizu, destacando que Béjar era responsable de la gestión de riesgos en una unidad del banco con 200.000 millones de cartera crediticia. "No se puede amparar en los servicios jurídicos para cubrir la actuación que cada uno realiza", ha afirmado.

También ha manifestado que la investigación interna sobre la contratación de Villarejo puesta en marcha en mayo de 2018, tras una noticia de prensa, fue iniciativa suya. "Le dije a la dirección del banco [el presidente era entonces Francisco González] que necesitábamos una visión global de lo que la contratación con Cenyt había significado".

Esa investigación aportó "indicios" de que Corrochano y Béjar "habían incumplido la normativa del banco sobre contratación". Un análisis forensic de PWC fechado el pasado septiembre ha confirmado que los contratos con Cenyt no se ajustaron a los procedimientos internos recogidos en la normativa de compras ni siguieron los procedimientos de selección de proveedores.

Arbizu dejó de participar en la investigación interna sobre la contratación de Villarejo en enero de 2019, cuando se produce un cambio organizativo y él sale de los servicios jurídicos para encargarse de la relación con los supervisores y responsabilidad de cumplimiento.

En mayo se le aumentan las responsabilidades atribuyéndole el control interno de riesgos pero, "sorprendentemente", el 24 de julio se le notifica un pliego de cargos "en el que me atribuye falta de vigilancia por hacer permitido lo que no conocí porque no me correspondía".

"Son hechos que no eran ciertos y por eso se tuvo que archivar el expediente", ha dicho Arbizu. No obstante, 24 horas después del archivo acordado por el comité de disciplinaria del banco, que se reunió en domingo, se le rescindió el contrato. Arbizu es en la actualidad of counsel del despacho Pérez-Llorca.