Miguel de Foronda, de Fenin.
Fenin reclama la indexación de precios para la tecnología sanitaria: "Cualquier escenario es mejor que el actual"
La patronal demanda que los contratos públicos reflejen los aumentos de costes.
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La industria de la tecnología sanitaria en España se enfrenta a un obstáculo regulatorio que condiciona de forma directa su viabilidad económica. Concretamente, la imposibilidad legal de actualizar las tarifas de los contratos públicos conforme a la evolución de los costes reales, algo que sitúa al sector en una posición de alta vulnerabilidad.
Así lo ha advertido Miguel de Foronda, miembro de la directiva de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y directivo de Philips. Desde la patronal demandan la articulación urgente de un marco de revisión de precios pactado y regulado. "Cualquier escenario es mejor que el actual", ha asegurado.
"Muchas veces confundimos la indexación con una subida de precios; en realidad se trata simplemente de ajustar los costes a la inflación real del año", ha aclarado De Foronda, durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.
Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica y de Italia, Israel y Grecia
De Foronda aclara que la actualización de precios está prohibida por ley desde 2015 en España. Se trata de un marco rígido que ata a las Administraciones Públicas, impidiéndoles adaptar los pliegos de contratación incluso en momentos de fuerte tensión inflacionaria o crisis de suministros.
Todo ello en un contexto en el que los costes energéticos (especialmente) han disparado los precios en los últimos años.
Un periodo en el que ha aumentado el uso de acuerdos marco y contratos plurianuales, herramientas diseñadas que, en un entorno de precios fijos, trasladan todo el riesgo financiero a las empresas suministradoras, rehenes de la inflación.
En un contexto marcado por la volatilidad global (desde la escasez de componentes electrónicos hasta el encarecimiento del transporte marítimo por tensiones en rutas como el estrecho de Ormuz), comprometerse a varios años con precios fijos resulta inasumible para muchas compañías.
De Foronda indica que la prohibición de la indexación de precios provocó un "caso paradigmático" que se vivió durante la entrega de equipos del Plan Inveat, cuando la crisis global de componentes disparó los costes de fabricación de los equipos de tecnología sanitaria sin que las empresas pudieran imputar ese sobrecoste a la Administración.
Esta "inseguridad" provoca que muchas empresas opten por no presentarse a las licitaciones o se vean obligadas a diseñar ofertas defensivas y conservadoras, limitando el nivel de innovación tecnológica que de otro modo incorporarían a las propuestas destinadas a los hospitales públicos.
Además, España es una rara avis en el contexto comunitario. Ningún país mantiene una prohibición por ley equivalente a la española.
En este sentido, desde Fenin piden al Ejecutivo recuperar índices de referencia como el IPC o la creación de fórmulas específicas para el sector sanitario en los contratos ."Queremos una sanidad que aporte valor y sea sostenible, pero eso requiere traer innovación, y la innovación debe estar acompañada por una actualización de precios regulada y pactada", ha asegurado De Foronda.
