La nueva Ley de Movilidad Sostenible, que viene a responder muchas de las demandas tradicionales del sector, tiene, con todo, una enorme clave que queda sin definir completamente y que puede marcar su desarrollo: la financiación.

Así lo creen al menos Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), y Dilmer Alvarado, director de Comunicación de BusForFun España.

Ambos han debatido al respecto en la segunda jornada del  VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, considerando el asunto como una suerte de oportunidad perdida de la ley.

"Hay algo que no está suficientemente subrayado, no se habla de financiación plurianual y eso es extraordinariamente importante", ha enfatizado Herrero. Para Alvarado, falta "claridad" en este apartado.

"Creo que la financiación necesita estar más clara, saber de dónde va a venir el dinero", ha apuntado. Ha considerado que "no viene claro cómo va a financiarse" ni las "responsabilidades". ¿Conclusión? "Vamos a tener un problema de burocracia, creo".

A juicio de Alvarado, también hubiese sido un buen momento para abordar el pago por uso. "Posiblemente es una oportunidad perdida, porque como repetía la sostenibilidad es para valientes y necesitamos apostar fuertemente", ha considerado. Y pensar en los impuestos.

Porque cree que ésta es una herramienta fundamental para apoyar inversiones. Aboga por una "bajada de impuestos y beneficios para aquel que apuesta por este tipo de transporte".

"Aquel que no cumpla tendrá que también pagar, no solo la ley tiene que poner multas, sino que quien no apueste por llegar a esas metas en los tiempos adecuados tendáa que pagar un precio por ello. Al final tenemos que incentivar que todos vamos a una", ha expuesto.

Tras esto, además, Herrero ha expuesto otras 'pegas' a la nueva norma que le han transmitido diferentes voces, como una posible "falta de seriedad" con exigencias medioambientales o "sanciones ridículas" de 1.000 euros o 6.000 euros, o que no esté incluido el pago de peajes en autopistas. "Al menos se debería dejar la puerta abierta".

Con todo, ambos se han mostrado bastante satisfechos con el contenido de la ley. "Es un paso adelante importante y tienen que venir otros, y muy pronto, para llegar a esos objetivos" medioambientales que se plantean, ha señalado Alvarado.

Sobre todo en un momento en que cada vez se necesita más el servicio de autobús, especialmente en ciudades con alta congestión.

La nueva ley genera una liberalización del sector que a juicio de Alvarado es "una oportunidad" para llegar a puntos que estaban "abandonados" y "crear rutas más convenientes". 

Herrero, por su parte, ha insistido en que hay que mejorar el servicio aumentando las frecuencias y la cobertura geográfica. "No creo que la gente coja el coche porque le gusta estar en un embotellamiento. Lo hace en parte por la cultura y porque no tiene otra solución", ha reflexionado.