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El Tribunal Constitucional ha rechazado suspender la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Los cuatro políticos seguirán inhabilitados para ejercer cargos públicos mientras se resuelven sus recursos de amparo por no habérseles aplicado la amnistía.
El Supremo consideró que no procedía la amnistía por delitos de malversación, al entender que hubo beneficio patrimonial y afectación a intereses financieros de la UE.
Los recurrentes alegan que las resoluciones vulneran derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y la participación política.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha denegado este martes la solicitud presentada por Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa de suspensión cautelar del cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta que les fue impuesta por el Tribunal Supremo en la la causa del procés. Los cuatro seguirán inhabilitados para ejercer cargos públicos en tanto se tramitan sus de amparo por no haberseles aplicado la amnistía.
En dichos recursos los demandantes de amparo impugnan las resoluciones del TS que declararon que no procedía amnistiar el delito de malversación de caudales públicos por concurrir dos causas de exclusión previstas en la propia Ley de amnistía: la de haber obtenido "un beneficio personal de naturaleza patrimonial", recogida en el art. 1.1, letras a) y b) y 1.4, y la de "tratarse de actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".
Los demandantes de amparo aducen que estas resoluciones judiciales vulneran varios derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la
tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la participación política.
En los tres autos aprobados hoy, el Tribunal Constitucional acuerda no suspender la ejecución de la pena por no derivarse de la misma un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al amparo su finalists.
El TC toma en consideración la larga duración de la inhabilitación absoluta impuesta a cada recurrente en sentencia, de doce y trece años, el tiempo pendiente de cumplimiento, superior a cinco años, el plazo previsible en el que se resolverán los amparos, manifiestamente inferior, así como la imposibilidad de adoptar en esta fase del procedimiento constitucional, conforme a reiterada doctrina constitucional, un juicio anticipatorio del fundamento de la pretensión deducida.
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