El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido esta mañana que "no se demore" la renovación del tribunal porque "el bloqueo en la renovación de una institución puede afectar al buen funcionamiento del sistema jurídico".
Así lo ha dicho a los periodistas durante la primera jornada de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, el evento internacional más importante del que ha sido anfitrión el TC español y que reunirá a representantes de las Cortes constitucionales de 85 países.
Entre ellos está la de Ucrania, con la que Conde-Pumpido ha celebrado una reunión bilateral en la que se ha puesto de manifiesto que "lamentablemente, los estados de derecho no se han convertido en un estado mundial de derecho y los problemas siguen arreglándose por la fuerza".
Durante la Conferencia, que el próximo jueves clausurará Felipe VI, se analizará cómo garantizar por parte de las Cortes constitucionales los derechos humanos de las próximas generaciones.
El presidente del TC ha remarcado la necesidad de “desarrollar soluciones innovadoras para salvaguardar los derechos y las oportunidades de las generaciones futuras, y que no resulten sacrificados por los intereses del momento actual”.
También se debatirán cuáles son las amenazas a la independencia de los tribunales constitucionales.
¿Es una de ellas que no se proceda a la renovación en plazo del TC?, se le ha preguntado.
Conde-Pumpido ha respondido que el Tribunal Constitucional "siempre se ha pronunciado a favor de que la renovación se produzca en plazo. El bloqueo en la renovación de una institución puede afectar al buen funcionamiento del sistema jurídico".
"A veces se producen retrasos moderados, pero tenemos el caso de un bloqueo de más de cinco años en la renovación de alguna institución, que es una anomalía grave", ha dicho en referencia al Consejo General del Poder Judicial.
Cuatro miembros del actual TC, entre ellos el propio Conde-Pumpido, acaban su mandato el próximo diciembre y deberían ser sustituidos por nuevos magistrados que corresponde designar al Senado por una mayoría reforzada de tres quintos.
De nuevo es imprescindible el acuerdo entre PSOE y PP, que a estas alturas ni siquiera han empezado a hablar de la renovación.
Conde-Pumpido no ha querido concretar qué retraso le parecería grave, al obligar a resolver asuntos de ámbito constitucional por una composición del TC caducada.
"No quiero decir un plazo, estaría interfiriendo en una decisión política", ha indicado el presidente del TC. "Lo deseable sería que no hubiese demora alguna".
Amenazas
Ha señalado que, a lo largo de las conferencias mundiales celebradas hasta ahora (la primera, en Sudáfrica en 2009), las Cortes constitucionales han identificado que el primer riesgo para su independencia es la interferencia política, "la proveniente de miembros de otros órganos del Estado, del Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial, que desautorizan las decisiones del TC", ha dicho Conde-Pumpido.
En su opinión, "se desautorizan las decisiones del TC sobre la base de no compartirlas. Pero son esos órganos del Estado los que designan a los miembros del TC. Si luego critican decisiones que no van en la linea que desearían se está poniendo en cuestión la independencia del TC".
La segunda de las "formas de ataque" que se han identificado son las "maniobras u obstaculizaciones" que se producen en la ejecución de las sentencias de los tribunales constitucionales.
Y la tercera, las "campañas políticas o mediáticas que llevan a la opinión pública que los tribunales constitucionales no gozan de suficiente independencia".
Conde-Pumpido ha añadido que surgen "fórmulas nuevas" para atacar a las cortes con competencias constitucionales.
Una de ellas la quiere explicar durante esta conferencia Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que ha intervenido en el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro por planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
El pasado julio, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump amenazó con incrementar en un 50% los aranceles a los productos brasileños que entre en el mercado norteamericano para presionar a favor de Bolsonaro.
Además, Estados Unidos ha aplicado a Moraes y otros siete magistrados la Ley Global Magnitsky, prohibiéndoles entrar en el país.