La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha propuesto el archivo de la querella presentada recientemente por el eurodiputado Miguel Urbán.
El político —que fue fundador de Podemos y miembro del partido hasta que su corriente, Anticapitalistas, se escindió— relataba en ella haber sido víctima de un supuesto montaje parapolicial con el objetivo de boicotear a la formación.
En concreto, Urbán narraba que, en el año 2016, las llamadas cloacas del Estado conspiraron para atribuirle la venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos, al que por entonces aún pertenecía.
Recientemente, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón recibió la querella y abrió diligencias. En concreto, preguntó a la Fiscalía por su valoración.
Ahora, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ministerio Público ha contestado a la magistrada que se posiciona a favor del archivo.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en una causa distinta, las supuestas maniobras del Ministerio del Interior contra Podemos, cuando Mariano Rajoy presidía España.
De hecho, Urbán solicitó que se abriese una pieza separada en esta causa que versara sobre el supuesto complot que denunció. Sin embargo, su querella fue turnada a reparto, Tardón incoó diligencias y ahora la Fiscalía aboga por darles carpetazo.
En su escrito —dirigido, en inicio, a Pedraz—, los abogados de Urbán atribuían a dos altos mandos policiales los delitos de calumnias, intromisión ilegítima en la intimidad y falsificación de documentos.
Como relataba la querella, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación sobre la supuesta participación del político en una venta de cocaína en el año 2016. Lo hizo tras recibir un informe de uno de estos dos policías, basado en el relato de un supuesto confidente. Aquellas pesquisas acabaron archivadas al poco tiempo.
En la causa que investiga Pedraz, relativa a las supuestas gestiones de la llamada Policía patriótica contra Podemos, declaró como investigado un inspector que buscó el nombre de Urbán en las bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía.
Y este agente relató que se le encargó indagar si Podemos se había financiado con la venta de droga. Por ello —"como una cosa normal", indicó— también buscó el nombre de Pablo Iglesias, el entonces secretario general del partido, en las mismas bases.
Ahora bien, ante el juez, insistió en que no lo hizo para dañar la imagen de ninguno de los dos políticos. Tampoco, para boicotear a la formación.
De hecho, el inspector subrayó que sus superiores le contaron, al poco de incorporarse a la unidad, que existía esta investigación en marcha sobre la supuesta venta de cocaína. En efecto, la Fiscalía Antidroga tenía abiertas unas diligencias por este asunto, que no tardaría en cerrar.