Las pulseras telemáticas que controlan si los agresores o presuntos agresores cumplen las órdenes de alejarse de las mujeres en riesgo son el recurso contra la violencia de género peor valorado por los jueces que se dedican a estos procesos, según los resultados de una encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, conocida por EL ESPAÑOL.
Los brazaletes, que desde noviembre de 2023 son responsabilidad de la ministra Ana Redondo, reciben un clamoroso suspenso con una valoración de 2,2 sobre 5.
Es la peor nota de todos los recursos por los que el sondeo preguntaba, incluidos los informes de las Unidades de Valoración Forense, que tienen notables retrasos.
La encuesta fue realizada entre el 3 de febrero y el 26 de marzo pasados por iniciativa del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Sus resultados, por tanto, no están influidos por la polémica desatada a raíz del contenido de la última Memoria de la Fiscalía.
La Memoria del Ministerio Público alertó de la existencia de "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamientos de condena.
El documento subrayó que las incidencias ocurridas al migrar los datos (tras el cambio de la empresa adjudicataria de este servicio en 2024, con Irene Montero en Igualdad) supusieron una "potencial desprotección de las víctimas".
Este problema y, más allá de la migración, el deficiente funcionamiento de las pulseras, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, minimiza, ha estado en la agenda del Observatorio nada más constituirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial, informan fuentes de la institución.
La ministra de igualdad, Ana Redondo, niega fallos en las pulseras anti maltrato
La encuesta preguntó a un total de 477 jueces por los distintos medios al servicio de la lucha contra la violencia de género. De ellos, 121 son Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 314 Juzgados mixtos con competencias en violencia sobre la mujer y 42 Juzgados de lo Penal, que juzgan esos casos.
El sondeo, contestado por la mitad de los preguntados (el 57% en el caso de los Juzgados especializados), se interesó por la opinión de los jueces sobre las instalaciones: si el Juzgado cuenta o no con un espacio específico para la atención a las víctimas de violencia, si dispone de punto de encuentro familiar y de zonas de espera para víctimas acompañadas de menores.
También se preguntó si el Juzgado cuenta con acceso a cámara Gesell, que es una sala diseñada para la observación y evaluación de personas sin que éstas sean conscientes de que están siendo observadas. Está dividida en dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral y equipada con sistemas de audio y video. Se utiliza para evitar la revictimización y proteger la dignidad del testigo.
La encuesta preguntaba, asimismo, si el Juzgado cuenta con acceso al modelo Barnahus, o casa de los niños en islandés. Se basa en crear un entorno amigable para los menores, con decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil.
Otros apartados se referían a la existencia o no de letrados de oficio específicos para los procesos de violencia sobre la mujer, a la demora media de los informes que emiten las Unidades de Valoración Forense Integral, a los medios personales y a la existencia o no de Oficina de Víctimas.
Esta última fue el recurso mejor valorado por los jueces, con un 3,8 sobre 5.
Las instalaciones y los informes de las Unidades de Valoración Forense fueron puntuadas con 2,9 y los medios personales, con 2,6.
A la cola se sitúan los dispositivos telemáticos, que bajan al 2,2.
El Observatorio preguntó por la demora media en la instalación de los brazaletes y si el juez consideraba satisfactorio el procedimiento de comunicación y resolución de las incidencias.
Cuatro de cada 10 dispositivos tardan en instalarse entre tres y cinco horas y el 30% más de cinco horas.
Y casi siete de cada 10 jueces no consideran satisfactoria la respuesta de Igualdad a las incidencias.
Encuesta del CGPJ
El índice de satisfacción con las pulseras baja cuando la valoración procede de Juzgados especializados en violencia de género y de jueces penales.
Encuesta del CGPJ
Por comunidades autónomas, los jueces navarros son los que mejor valoran las pulseras, con una puntuación de 2,9. Les siguen los de Aragón (2,7) y los destinados en Canarias y Baleares (2,6).
Los que peor opinión tienen son los jueces de Andalucía y Valencia, que dan a los brazaletes una nota de 1,7. Los del País Vasco los puntúan con un 2 y los de Castilla y León, Cataluña y Madrid, con 2,1. Todos ellos están por debajo de la valoración media.
Encuesta del CGPJ
La nota de los órganos judiciales andaluces no es extraña. Uno de los informes más críticos con el funcionamiento de las pulseras que el Observatorio del CGPJ envió a principios de año a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (dependiente del Ministerio de Igualdad) procedía de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género de Granada.
En una reunión celebrada el 19 de febrero de 2025 se puso de manifiesto que "debido a las disfunciones en el funcionamiento técnico del dispositivo Cometa y la gestión de las incidencias por parte del centro de control del mismo, existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas".
Estas víctimas "comunican de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que les está suponiendo la asignación de dicho dispositivo y se plantean renunciar a esa medida de protección, llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial", añadía el acta de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género de Granada.