Una delegación de la Comisión de Venecia que visita España a petición del Consejo General del Poder Judicial fue testigo ayer de la tensión que provocan las descalificaciones que los políticos vierten hacia los jueces cuyas decisiones no les agradan.
"Es una situación sin precedentes que el propio presidente del Gobierno afirme públicamente que hay jueces en España que hacen 'lawfare', que se dedican a hacer política", manifestó el vocal del CGPJ Carlos Orga durante una reunión con los miembros de la Comisión de Venecia, encabezados por la vicepresidenta, Marta Cartabia.
El CGPJ solicitó el pasado febrero al órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional que evaluara las dos propuestas —una del grupo conservador, otra del progresista— referidas al sistema de elección de los vocales judiciales.
El método de elección de esos 12 miembros del CGPJ debería ser revisado "de acuerdo con los mejores estándares europeos", tal como el Gobierno y el PP acordaron en junio de 2024, cuando renovaron el órgano de gobierno de los jueces con cinco años y medio de retraso.
La disposición adicional de aquella Ley Orgánica 3/2024 de 2 de agosto, "que se aprobó antes de la renovación del CGPJ", recuerdan fuentes del PP, establecía que "en el plazo de seis meses" una mayoría de tres quintos del Consejo debía emitir un informe para la reforma del sistema de elección de los vocales jueces.
Se hizo, pero a medias. Porque los vocales de adscripción progresista y los conservadores no llegaron a un acuerdo. Y se emitieron dos informes, que fueron enviados al Gobierno y a las Cámaras, titulares de la "iniciativa legislativa".
Es la inacción política, desde entonces, la que motivó en febrero —al cumplirse los plazos— la petición del CGPJ, para que la Comisión de Venecia visitara España.
Las dos propuestas salidas del nuevo Consejo, incapaz de alcanzar un consenso mayoritario, como les pedía la ley, están metidas en los cajones del Gobierno y del Congreso, sin que siete meses después de ser aprobadas alguien haya mostrado interés en retomar el compromiso alcanzado ante la Comisión Europea.
La Comisión de Venecia, que ayuda a los Estados miembros del Consejo de Europa a adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos relacionados con el Estado de Derecho, ha aceptado examinar las dos propuestas elaboradas por el nuevo CGPJ.
El sector conservador plantea devolver a los jueces la elección directa -sin ningún tipo de intervención política- de los 12 vocales del CGPJ que deben proceder de la carrera.
Unos, con Bolaños
El grupo progresista, alineado con la posición del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños, sostiene que los 20 miembros del CGPJ, incluidos los 12 vocales judiciales, deben seguir siendo elegidos por el Parlamento.
Según fuentes del Ministerio de Bolaños, en su reunión con la Comisión de Venecia, el titular de Justicia destacó que aquel "acuerdo de renovación" del CGPJ, ha permitido "recuperar la normalidad absoluta en el Poder Judicial" español. Y que ha sido así, "después de cinco años de bloqueo por parte del Partido Popular".
Bolaños defendió el actual sistema, como "fruto del consenso" de 2001, en el que "con un 90%" de apoyo de las cámaras, se aprobó el actual modelo.
Además, esgrimió que da "garantías de independencia judicial", pese a lo que han advertido insistentemente los informes del GRECO, también del Consejo de Europa, y el Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea. Ambas instituciones
Los integrantes de la Comisión de Venecia escucharon ayer de boca de los propios vocales las posiciones de unos y otros.
Otros, críticos con el Gobierno
Pero también se les transmitió el malestar que provocan las descalificaciones del poder político hacia los jueces, a las que se han sumado el propio ministro de Justicia y el jefe del Gobierno.
Es una situación "insólita", dijo el consejero Orga durante el encuentro con la Comisión de Venecia celebrado en la sede del Consejo General del Poder Judicial.
A su juicio, en este momento de "especial virulencia de los ataques a los jueces por parte del Ejecutivo" se hace aún más necesario reformar el sistema de elección del CGPJ "para que se visualice una mayor independencia". En la actualidad, todos los vocales proceden de las propuestas políticas.
El consejero del sector progresista Bernardo Fernández no dudó en replicar a Orga ante la delegación de la Comisión de Venecia.
Enfatizó que en España no hay un problema de independencia judicial y manifestó que "induce a confusión" mezclar la independencia de los jueces -plenamente garantizada- con la percepción ciudadana sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Los miembros de la Comisión de Venecia escucharon las mismas quejas sobre las descalificaciones de los jueces por parte del Gobierno en otra reunión con representantes de asociaciones judiciales.
Y las escucharán este martes de parte de la oposición, cuando se reúnan con los grupos políticos en el Congreso y en el Senado. Fuentes populares lamentan que el ministro Bolaños se haya "empeñado en transmitir algo falso". Es decir, "que no hay pluralidad" en la carrera judicial española.
"El problema es que la España de Sánchez sigue dando que hablar", lamenta un miembro de las Cortes que se reúne este martes con la Comisión de Venecia. "El Gobierno no ha movido un dedo para cumplir lo pactado con el PP, y ahora el informe que emita esta misión le sacará los colores", vaticina.
Bolaños lo rechaza
Sin embargo, las fuentes del Ministerio de Justicia rechazan el "modelo corporativo". Así califica el Gobierno a que "los vocales jueces sean elegidos por sus pares sin injerencia alguna de los políticos, ni del legislativo ni del ejecutivo", a pesar de que es como se definen esos "estándares europeos".
Según el equipo de Bolaños, asumir ese sistema "garantizaría el dominio de determinadas asociaciones conservadoras" en el CGPJ. Alegan que el sistema vigente "nace de un gran consenso que hay que preservar, es democrático, garantiza la pluralidad de representación".
La ley acordada entre el propio Bolaños y Esteban González Pons (PP), con la mediación del entonces comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, recoge el compromiso de reformar el sistema para que "pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea".
A pesar de ello, el Gobierno se mantuvo firme este lunes en que no desea reforma alguna, porque con el actual modelo "se preserva la independencia de jueces y magistrados, el interés general y el mandato constitucional de que 'la Justicia emana del pueblo'".
También celebraron un encuentro con la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo, que también ha aportado un informe sobre el sistema de elección de los vocales.
Fuentes del alto tribunal señalaron que los miembros de la Comisión de Venecia se interesaron por saber si el Poder Judicial tiene facultades para revisar el nombramiento de los vocales del CGPJ (lo que no es posible) y el de los cargos judiciales que designa el Consejo (que en este caso sí son recurribles).
Otras preguntas se refirieron a si hay alguna diferencia entre los vocales procedentes de la carrera judicial y los que son juristas (el estatuto es idéntico) y si hay alguna solución para el caso de que alguna de las Cámaras no elija a los 10 miembros del CGPJ que le corresponden.