Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 400.000 euros la cuantía de la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así lo expresa el abogado del empresario en un escrito, fechado este mismo lunes y dirigido al juez Ángel Hurtado, quien ha enviado a juicio a García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos de González Amador.
En este procedimiento judicial, el fiscal general del Estado ha sido investigado por, presuntamente, filtrar a la prensa un e-mail en el que otro abogado del novio de Ayuso admitía que éste había cometido dos delitos fiscales.
El pasado 9 de septiembre, Hurtado envió al banquillo de los acusados a García Ortiz. Le impuso una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de una hipotética condena.
El juez también le apercibió de que, si esta cantidad no era entregada en un plazo de cinco días hábiles, las propiedades del fiscal general del Estado pueden acabar embargadas.
Esa cifra, de 150.000 euros, es la mitad de lo que solicita el empresario Alberto González Amador únicamente por los "perjuicios morales" sufridos.
Por ello, en el escrito fechado este lunes, el novio de Ayuso, a través de su abogado, solicita a Hurtado que recalcule la fianza y la eleve a un total de 400.000 euros, al sumar otros conceptos.
¿De dónde sale esta cifra? El escrito recuerda que el artículo 589.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que la cantidad que se debe afianzar "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias".
Esto es, que la fianza a imponer debería ser del 133,33% de las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la condena. Así las cosas, a ojos de la defensa del empresario, la cifra no debería bajar de 400.000 euros, misma cifra que ya recogía su escrito de acusación.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 5 de septiembre, en la apertura del Año Judicial.
El novio de Ayuso, en aquel documento, solicitó que García Ortiz pagara, ya sólo como multa, 108.000 euros.
Sin embargo, según la defensa de González Amador, el juez, por un "error material", introdujo el concepto de la multa "como elemento tenido en cuenta para la fijación de la fianza, cuando resulta hasta matemáticamente evidente que no ha sido así".
"De haberse tenido en cuenta la misma para la determinación del importe de la fianza, no existiría remanente para satisfacer los conceptos que integran las responsabilidades pecuniarias a afianzar", señala el letrado Gabriel Rodríguez Ramos.
"Si se aplicaran las previsiones del artículo 589.2 de la LECrim, el importe de la fianza a imponer sería de 144.000 euros (108.000 euros, multiplicado por 133,33%)", expresa el abogado de González Amador.
"Quedaría un remanente de 6.000 euros hasta los 150.000 euros de fianza impuestos", añade. A renglón seguido, considera "absurdo" que dicha cantidad, por ínfima, pudiese cubrir conceptos como intereses moratorios, la indemnización o el pago de las costas.
Por ello, Rodríguez Ramos pide que la fianza total sea la misma que la solicitaba en el escrito de acusación que ya presentó. Es decir, 400.000 euros. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, García Ortiz también pretende recurrir la fianza que le ha sido impuesta. En su caso, para tratar de reducirla.
"Daños morales"
Asimismo, en su escrito, el abogado del novio de Ayuso indica, además, que "los daños morales padecidos por don Alberto González Amador y su entorno familiar directo, como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por don Álvaro García Ortiz, no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros".
El escrito recuerda que, desde la aparición en prensa del citado e-mail filtrado, miembros del Gobierno y de la cúpula del PSOE lo han mencionado para tildar al empresario de "delincuente confeso" y "defraudador confeso".
Uno de los dirigentes que así le denominó fue Félix Bolaños, ministro de Justicia. También lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"No ha habido un día, desde el 14 de marzo de 2024 [fecha de publicación en prensa del mencionado correo electrónico, en el que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine (...) a González Amador como delincuente confeso", expresa el escrito.
"Lo anterior es consecuencia directa de los hechos protagonizados por García Ortiz", señala.
"Las lesiones procesales y los daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días", indica el documento.
"Jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa, derivada del comportamiento del fiscal general del Estado", reprocha.
Por otro lado, este mismo lunes, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en esta causa, ha solicitado la suspensión cautelar de funciones de García Ortiz.
Hurtado, en la resolución en la que le manda al banquillo, rechazó esta petición. Ahora, APIF se lo solicita a la Sala Penal del Supremo, capacitada para corregir las decisiones del juez instructor.
"A cualquier fiscal que estuviera en su misma situación se le suspendería provisionalmente del cargo", comparan los abogados de APIF, Juan Antonio Frago, Napoleón Cánovas, Verónica Suárez y Álvaro Bernad.
"Si continúa siendo fiscal general del Estado, sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir [en el juicio en su contra] y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes", subraya la asociación de fiscales.