El despacho Equipo Económico, así como su socio director, Manuel de Vicente-Tutor, ha solicitado la anulación de la causa judicial en la que están siendo investigados tanto el bufete como el mencionado directivo.
Así consta en un escrito, fechado este mismo lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Lo firma el letrado de ambos, José Antonio Choclán.
El despacho, actualmente, está controlado por la empresa Global de Asesoramiento Financiero Tributario Económico Legal e Internacional SL, en nombre de quien el abogado también rubrica el documento.
Equipo Económico, el nombre comercial del bufete, fue fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien también está siendo investigado en este procedimiento, en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.
Ahora bien, Choclán ha dirigido su petición directamente a la Audiencia Provincial tarraconense, jerárquicamente superior al instructor, Rubén Rus. Este tribunal puede avalar las decisiones del juez o, por contra, revocarlas.
El magistrado investiga si Equipo Económico influyó, a modo de lobby, en el Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2018, cuando lo encabezaba Montoro, a fin de beneficiar a determinadas empresas gasistas, a las que el bufete tenía de clientes.
Como ya hicieran otros investigados, el letrado de Vicente-Tutor se queja en su escrito del "dilatado" número de años (de 2018 a 2025) en el que esta causa ha estado bajo secreto de sumario.
Durante este tiempo, tan sólo la Fiscalía tenía acceso a las actuaciones. El Ministerio Público, de hecho, solicitó su levantamiento en 2022, sin éxito.
Asimismo, el letrado considera que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona no es el competente para investigar estos hechos.
"La indebida prolongación del secreto ha determinado que el proceso se encuentre viciado de nulidad", señala el recurso, que deberá resolver ahora la Audiencia Provincial.
"El levantamiento tardío del secreto, aunque ahora se dé acceso a las partes tras casi siete años de instrucción opaca, no remedia la lesión de los derechos fundamentales ya producida de modo irremediable", añade.
"La prolongada opacidad del proceso ha impedido a esta parte, durante siete años, cuestionar la atribución de una indebida competencia territorial por el Juzgado y durante ese largo periodo se ha sustraído la causa penal a la intervención del juez natural", expresa el letrado.
"La ausencia de imparcialidad se ha traducido efectivamente en la vulneración de garantías básicas del proceso y la lesión del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales del acusado, habiéndose arrogado el Juzgado de Instrucción una competencia de la que carecía", reprocha.
Por todo ello, Choclán critica la "clamorosa infracción de las garantías de información del proceso penal" que sostiene que han sufrido sus clientes.
"Vulnera el derecho fundamental a la defensa y vicia de nulidad las diligencias de instrucción practicadas, sin que pueda entenderse subsanada la actuación irregular dando oportunidad a las defensas de intervenir tardíamente en una instrucción ya muy avanzada", concluye el escrito.