El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha abierto diligencias previas contra Pablo Iglesias, Diario Red y varias personas más por una presunta red de acoso digital. La investigación parte de una querella presentada por el abogado Jesús Santorio, conocido en Twitter como @SrLiberal.
Santorio acusa a los querellados de una campaña coordinada de hostigamiento por motivos ideológicos. Según la denuncia, se revelaron datos personales, domicilios y detalles familiares de usuarios críticos con Podemos, vulnerando su privacidad.
El auto judicial detalla que la difusión masiva de esta información sensible se produjo a través de canales como Diario Red y el grupo de Telegram Red Birds. En la querella figuran, además de Iglesias y Canal Red, personas como Isidoro Román Cuesta, administrador del canal mencionado, y otros colaboradores.
Los delitos que se investigan incluyen asociación ilícita, revelación de secretos, acoso digital y delito de odio. La denuncia se basa en capturas de publicaciones y un informe de la Guardia Civil del 10 de abril de 2025 que ya alertaba sobre actividades similares.
Santorio sostiene que la acción comenzó con la revelación de su identidad real y otros datos sin consentimiento, seguida por la difusión coordinada de esta información en múltiples plataformas digitales. Esta ofensiva habría provocado daños personales y profesionales.
Además, la querella acusa a Iglesias de dar cobertura y legitimación desde su medio, así como de participar en discursos que calificaban a Santorio de "enemigo de la democracia" y "agente del odio", lo que habría justificado la campaña de acoso.
El grupo implicado, denominado Red Birds, según la querella, funcionaba con estructura organizativa, liderazgo informal y normas internas para coordinar ataques contra personas críticas por su ideología o actividad pública.
Santorio ha solicitado una orden de alejamiento digital para evitar que Iglesias y los querellados puedan comunicarse con él o difundir información que le perjudique durante el proceso judicial.
La apertura de diligencias no implica imputación formal, sino el inicio de la fase de investigación para determinar si existen indicios suficientes de delito.