Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que convocaron en julio una huelga contra la 'reforma Bolaños' consideran "inaceptable" que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no haya detraído a los huelguistas la parte que corresponda de su salario.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han salido al paso con un comunicado conjunto de la versión dada por el Ministerio de que solo podrá hacer el descuento a un juez y 28 fiscales. Son los únicos que comunicaron a la Gerencia Territorial del Ministerio y a la Fiscalía General que secundarían el paro.
Las asociaciones señalan que los días 1, 2 y 3 de julio "jueces, magistrados y fiscales ejercimos nuestro derecho fundamental a la huelga, tal como hemos hecho en anteriores ocasiones, en defensa de la justicia y del correcto funcionamiento del sistema judicial".
Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no ha detraído los haberes correspondientes a los días no trabajados, "a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador/pagador".
"Esta omisión no es menor: en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente", subrayan.
Para las asociaciones es "inaceptable" que ahora el Ministerio no haya actuado del mismo modo, "a pesar de contar con todos los antecedentes, medios y herramientas para ello".
Fuentes asociativas señalan que en 2018 Justicia conoció los jueces que hicieron huelga gracias a la suspensión de los señalamientos de la que le informaron los letrados de la Administración de Justicia, que dependen del Ministerio. En esta ocasión también se pidió esa información a los LAJ, pero el departamento de Bolaños no la ha utilizado para hacer las detracciones salariales correspondientes.
"Los trabajadores en huelga no pueden detraerse ellos mismos el salario y, desde luego, no es obligación de los huelguistas pedir que se les haga dicha detracción", han señalado las cinco asociaciones.
A su parecer, "que el Ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislado haya pedido expresamente esa detracción para salir a la opinión pública a decir que casi no hubo seguimiento de la huelga no solo contradice los datos de las asociaciones de jueces y fiscales al respecto".
También contradice "los datos que el propio Ministerio dio en su momento con base en las actuaciones suspendidas, estando ante un burdo ejercicio de propaganda y manipulación".
La detracción proporcional del salario "es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga" y su no aplicación "por quien tiene la obligación" de ello "no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento".
Para las asociaciones, el derecho a la huelga "no puede ser ignorado ni desnaturalizado por decisiones políticas o administrativas".
Esta actuación del Ministerio "no es irrelevante", subrayan. "Eludir deliberadamente una obligación legal tan clara como la detracción de haberes en caso de huelga podría tener consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos".
"La ciudadanía debe saber que nuestra protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes la ejercemos. Pretender lo contrario es desinformar, banalizar un derecho fundamental y despreciar el esfuerzo de quienes, desde dentro del sistema, exigimos una justicia más digna y eficaz para todos", afirman las asociaciones de jueces y fiscales.
En este sentido, instan al Ministerio a que "rectifique de inmediato, cumpla con sus obligaciones legales y respete sin ambigüedades los derechos que la Constitución reconoce a todos los trabajadores, también a jueces, magistrados y fiscales".