La defensa del exdirigente del PSOE Santos Cerdán ha puesto en cuestión esta mañana ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo el principal argumento del instructor, Leopoldo Puente, para mantenerle en prisión preventiva: el riesgo de destrucción de pruebas.
"No sabemos qué pruebas se está tratando proteger", ha indicado el abogado Benet Salellas durante una vista celebrada a puerta cerrada ante los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, que deben decidir si ratifican la cárcel de Cerdán o le excarcelan, lo que previsiblemente se conocerá mañana.
Salellas y su compañero de defensa Jacobo Teijelo han puesto de manifiesto que la propia actuación del instructor desmentiría el argumento utilizado para acordar la prisión provisional incondicional de su cliente.
Desde el día 16 de junio, cuando entregó su acta de diputado -y perdió el aforamiento- hasta su encarcelamiento el 30 de junio Puente no acordó ningún registro en la vivienda o en los despachos de Cerdán.
Tampoco ha incautado su teléfono móvil, que llevaba encima al acudir a declarar ese 30 de junio en que fue conducido a Soto del Real.
Con posterioridad la defensa ha puesto en conocimiento del instructor la mudanza de su casa de Madrid, sin que ello haya motivado ninguna acción judicial.
El argumento de la defensa es que, si realmente hay riesgo de destrucción de pruebas, ¿por qué no se han ordenado registros ni se ha incautado el teléfono del exdirigente socialista?
El fiscal pide que siga en prisión
Para el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, la respuesta es clara. De un lado, a diferencia de lo que ocurrió con el exministro Ábalos o con su antiguo asesor Koldo García (en cuya vivienda y teléfonos se ha encontrado un ingente material incriminatorio), Cerdán llevaba ya muchos meses prevenido de que su implicación en esta presunta trama de corrupción iba a saltar.
De otro lado, Luzón ha manifestado ante la Sala que, dado el funcionamiento de la trama (en el que Cerdán era quien contactaba con las empresas que habrían pagado sobornos a cambio de contratos públicos, controlaba el circuito de los fondos y luego los repartía a Ábalos y García), solo él y los pagadores saben dónde están las pruebas. Por ello, ha sostenido, hay que dar tiempo para que se realicen diligencias pendientes y se analice su resultado.
Luzón ha pedido a la Sala de Apelación que mantenga en prisión a Cerdán, sin que, a su parecer existan medidas alternativas que puedan prevenir el riesgo de eliminación de pruebas que sigue existiendo.
El abogado del PP Alberto Durán, que agrupa a las divergentes acciones populares personadas, ha apoyado el criterio del fiscal. Durán ha precisado, no obstante, que Catalunya en Comú y Adade abogan por la libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE.
El "complaciente interrogatorio" a Cerdán
Durante la vista, la defensa ha pedido a la Sala que se pronuncie sobre las expresiones utilizadas por el fiscal respecto a la decisión de Cerdán de no contestar nada más que a su defensa en la primera y, hasta ahora, única comparecencia ante el instructor, el 30 de junio.
Luzón dijo que el abogado de Cerdán había realizado un "complaciente interrogatorio", un "masaje", ha dicho esta mañana.
Para la defensa, esto es una manera de condicionar el derecho a no declarar que asiste a los investigados. "El fiscal incorpora un nuevo paradigma: las declaraciones de los investigados tienen que ser dolorosas, un tercio de varas, un rejoneo", ha ilustrado Teijelo.
Los dos letrados han pedido, igualmente, a los magistrados de apelación que se pronuncien expresamente sobre el oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado a la prisión de Soto del Real para que los agentes sean previamente avisados de las personas que visitan a Cerdán.
Salellas y Teijelo interpretan que, con ello, "se quiere vigilar a la defensa", lo que consideran inaceptable.
Dado que ya están por escrito en el recurso de apelación presentado, los defensores no han incidido en otros argumentos por los que solicitan la puesta en libertad de Cerdán. A su juicio, "no existe en el procedimiento material que pueda ser considerado incriminatorio y mucho menos para acordar una medida tan restrictiva de derechos como es la prisión provisional".
La defensa trata de sembrar motivos de sospecha respecto a los audios grabados por el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, que son el principal elemento incriminatorio contra Cerdán.
En ellos se escucha al exsecretario de Organización del PSOE, a su antecesor en ese puesto y exministro José Luis Ábalos y al propio Koldo García hablar de reparto de dinero presuntamente entregado por empresas a cambio de la adjudicación de contratos del Ministerio de Transportes.
"El contenido exacto y veraz de estas grabaciones nos plantea una importante duda", sostiene la defensa, que habla de "insuficientes garantías de custodia" y de las "especiales circunstancias" que rodean "la obtención y conservación" de las cintas.
"El supuesto autor de la grabación, Koldo García, se graba a sí mismo mientras realiza la proposición delictiva y esta proposición delictiva es al mismo tiempo la conducta delictiva y la pretendida prueba sobre el delito", indica.
"Todo ello", añade, "por parte de un señor que es público y notorio que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil, en la lucha antiterrorista, incluso condecorado en 2018, contratado como escolta, indultado... y del que se comprueba que desarrolla un papel claramente misterioso en este expediente (no olvidemos que en su domicilio se llegaron a encontrar hasta 23 teléfonos móviles aparte de una grabadora)".
Unos audios "realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático", sostiene.
El recurso se apoya también en la ausencia de un patrimonio de Cerdán ajeno al que ha declarado.