La Fiscalía de Madrid pide un total de tres años y nueve meses de cárcel para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito de acusación, el fiscal atribuye a González Amador dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.
La petición de pena (dos años y un día por uno de los delitos y un año y nueve meses por el otro) se atenúa gracias a la apreciación de la circunstancia de reparación del daño. El acusado depositó los 300.000 euros que no pagó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021.
Un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que fue el origen de esta causa indica que la crisis sanitaria de la Covid-19, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL.
González Amador, durante la pandemia, intermedió en la compraventa de material sanitario. Dicha actividad, de acuerdo con la AEAT, "dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el Impuesto de Sociedades".
El empresario se habría deducido indebidamente gastos a través de facturas que no se correspondían con los servicios prestados.
Este procedimiento se encuentra en el origen de la causa abierta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo.
El máximo responsable del Ministerio Público está imputado por revelar a la prensa que el abogado de González Amador dirigió un correo a la fiscalía de delitos económicos proponiendo un acuerdo de conformidad porque ‘ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”, decía.