Santos Cerdán"asumió la dirección de una organización criminal que, de manera concertada y coordinada con otros, consiguió desde su alto cargo en el PSOE penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces denominado Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora", afirma el fiscal jefe anticorrupción.
Alejandro Luzón ha presentado en el Tribunal Supremo un contundente escrito en el que impugna el recurso que la defensa del exsecretario de Organización socialista ha interpuesto contra su encarcelamiento.
Luzón pide a la Sala de Apelación que mantenga a Cerdán en prisión por la existencia de un "extraordinario potencial incriminatorio" contra él.
Esos indicios ponen de manifiesto que estableció "un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas" para, conjuntamente con José Luis Ábalos y Koldo García, "quebrantar en su beneficio y en el de terceros el correcto funcionamiento del sistema de contratación pública".
Con ello "dañaron la libre competencia y encarecieron el coste de las obras públicas".
El fiscal considera prueba válida y absolutamente creíble los audios grabados subrepticiamente por Koldo García durante años. En ellos aparece Cerdán como "responsable de repartir las dádivas recibidas y de solicitar su pago a los beneficiarios de tales adjudicaciones".
"Es a Santos Cerdán a quien se dirige Koldo García para reclamar las cantidades que ambos convienen en que les son debidas tanto a este como a José Luis Ábalos", subraya el escrito, que destaca que las grabaciones aparecen "completas, sin saltos ni supresiones".
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción descarta la tesis del delito provocado que constituye una de las líneas de defensa de Cerdán, basada en que Koldo García fue confidente de la Guardia Civil.
"El autor de la grabación no mueve a la decisión de delinquir a quien no tenía propósito de hacerlo, sino que Koldo García, presumiblemente, pretendía documentar y conservar para sí la acreditación de una infracción delictiva previa, ya cometida o incluso que se estaba cometiendo", afirma.
"Manual de ocultación"
Luzón subraya que los indicios contra Cerdán no provienen solo de las grabaciones de García, sino también de otros datos como su "incuestionable" vinculación con Servinabar, la pequeña empresa navarra de la que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, también investigado, dijo al juez que era "condición necesaria" para la adjudicación de obra a la sociedad de la familia Entrecanales.
Combate la calificación de "mero borrador" que la defensa de Cerdán otorga a un documento de compraventa de acciones de Servinabar incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al administrador de la empresa, Antxon Alonso.
"En puridad no lo es", dice Luzón. Se trata de un documento "fechado, sellado y firmado en todas sus páginas por comprador y vendedor denominado escritura de compraventa de participaciones sociales que, en efecto, no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta".
"Pero, evidentemente, el contrato despliega plenos efectos entre las partes y, una vez más, pone de relieve la especial vinculación de Santos Cerdán con Servinabar. Esta operativa tantas veces vista, [es] literalmente de manual de ocultación de titularidades reales", añade.
Luzón elogia el trabajo del instructor, el magistrado Leopoldo Puente, y de la UCO. Y ve corroboradas las declaraciones de Víctor de Aldama, el empresario cuyas confesiones dieron lugar a la causa que tramita el Tribunal Supremo.
"Cobra ahora fuerza" la declaración de Aldama de que, después de implicarse con Koldo García en una licitación en el norte de España, el asesor de Ábalos le explicó que había cupos y que “el cupo vasco es el de Santos Cerdán”.
Entonces, siempre según de Aldama, Koldo le dijo que “ha habido, que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande.” Fue por esto, “por contentarle de alguna manera”, por lo que entregó a Koldo García 15.000 euros en un sobre, que este a su vez entregó a Santos Cerdán “en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar de enfrente de Ferraz”.
El fiscal anticorrupción recuerda el interés que, según se constata en los audios de Koldo, muestra Cerdán por determinadas obras adjudicadas a Acciona y la influencia que ejerció en determinados nombramientos en el Ministerio de Fomento (ahora Transportes), como los de Javier Herrero en la Dirección General de Carreteras e Isabel Pardo de Vera en la presidencia de Adif.
Destruir pruebas
Para Luzón, Cerdán aún tiene posibilidades de ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes, posibilidades de las que carecen Koldo García y José Luis Ábalos. Las viviendas de estos últimos ya han sido registradas, sus dispositivos telefónicos e informáticos intervenidos y la investigación patrimonial concluida o prácticamente concluida.
Pero "todavía más relevante", sostiene el fiscal, "es el específico papel que en el ámbito de la organización criminal investigada habría desarrollado Santos Cerdán como persona que, valiéndose del imprescindible concurso del ministro José Luis Ábalos y de Koldo García, asesor formal de este y, al tiempo, eficaz asistente de quien ningún cargo tenía en el Ministerio, habría llegado a dirigir un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala en la adjudicación de las obras públicas de la Dirección General de Carreteras y de Adif".
El papel de Santos Cerdán en la organización era "capital", dice Luzón, "no tanto por su capacidad de dirección o jerarquía cuanto por su posición funcional en ella, como atinadamente se destaca en el auto" de prisión del magistrado instructor.
Cerdán tenía una "indiscutible preeminencia" en la organización delictiva: Ábalos y García "estaban en manos de Cerdán" en lo que se refiere a "poder cobrar las ilícitas recompensas producto de las amañadas adjudicaciones".
"Solo de Cerdán podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios", señala.
Respalda, en este punto, la hipótesis del instructor de que las grabaciones conocidas suman una cuota 'adeudada' a Ábalos y García muy pequeña en proporción a los más de 500 millones de euros que importaron las adjudicaciones presuntamente amañadas.
"En hipótesis, desde luego, pero basada esta en las máximas de experiencia obtenidas en casos similares ya enjuiciados -lejos de lo que el recurrente denomina 'creatividad judicial'- la mordida presuntamente gestionada por Santos Cerdán debió ser muy superior a ese millón de euros aproximadamente que entregó o iba a entregar a sus compañeros. Qué personas físicas o jurídicas, además del propio Santos Cerdán, pudieran ser destinatarios del botín obtenido, es algo que conoce, sin duda, el propio Santos", sostiene.
Todas estas circunstancias, todavía no esclarecidas pero de las que Santos Cerdán tiene un "conocimiento privilegiado", ponen de manifiesto, para el fiscal, la necesidad de conjurar el riesgo ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas.