Roberta Metsola recibirá este martes a representantes de las cinco asociaciones judiciales y fiscales que se pusieron en huelga los días 1, 2 y 3 de julio para protestar por la llamada reforma Bolaños.
La presidenta del Parlamento Europeo se citará en Estrasburgo (Francia) con portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y Foro Judicial Independiente (FJI).
De forma conjunta, todas estas organizaciones enviaron sendas cartas a los presidentes de todos los grupos políticos que componen la Eurocámara para ofrecerles una reunión.
Pero tan sólo el EPP —del que forma parte el Partido Popular— y ECR (European Conservatives and Reformists) contestaron afirmativamente.
El grupo S&D —presidido por la española Iratxe García, líder del PSOE en la Eurocámara— ni siquiera ha respondido al ofrecimiento. Tampoco lo hizo el grupo de Patriotas por Europa, que integra a Vox, y cuyo presidente, Jordan Bardella, de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, también ha despreciado la misiva.
Por tanto, no habrá reunión entre las cinco asociaciones y la representación de los socialistas europeos. Fuentes de las asociaciones que acudirán a Estrasburgo señalan a EL ESPAÑOL que esta postura del S&D era la esperable.
Más sorpresa causó en Bruselas el desprecio del grupo de Vox a reunirse con los jueces y fiscales españoles. La defensa del Estado de derecho en España había formado, hasta ahora, parte nuclear del discurso de los de Santiago Abascal en las instituciones europeas.
Por otro lado, el Parlamento ha organizado una mesa redonda, bajo el título El declive de la justicia en España: un reto para la UE. El debate será moderado por Esteban González Pons, vicepresidente de la Eurocámara, y a él han sido "invitados todos los eurodiputados españoles", de todos los partidos, "salvo Bildu".
Sí mantendrán sendas reuniones bilaterales con los más altos cargos de la Comisión y la Eurocámara en asuntos de Justicia.
Por un lado, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkunnen, del Partido Popular Europeo, recibirá a los jueces y fiscales a las 17:40 horas de este martes. Y el presidente del Comité de Libertades Civiles, Asuntos de Justicia e Interior, el español Javier Zarzalejos, también ha concertado una cita con ellos.
Informe del Estado de derecho
La visita a Estrasburgo de las asociaciones españolas que secundaron la huelga de jueces y fiscales de los tres primeros días de julio en España coincide, este martes, con la publicación de la edición de 2025 del Informe sobre el Estado de derecho.
Anualmente, este dosier analiza la situación de la separación de poderes, las libertades civiles y la lucha contra la corrupción en toda la Unión Europea, país a país, en base a datos del año previo, 2024.
Fuentes de la Eurocámara consideran, en conversación con este diario, que el documento, elaborado por la oficina del comisario de Justicia, Michael McGrath, que no es previsible que el informe haga referencia al paro de jueces y fiscales de la semana pasada.
Es más, ven muy posible que la Comisión valore "las expectativas" que, sobre el papel, pueden sugerir alguna de las reformas impulsadas. El ministro Félix Bolaños ha informado insistentemente, afirman, a Bruselas de su empeño en "cumplir" con la recomendación insistente estos años de "desvincular" la Fiscalía General del Ejecutivo.
"Alargar a cinco años el mandato del fiscal", apuntan estas fuentes, "puede aparentar que es un paso adelante, pero el problema está en quién lo nombra", que sigue siendo el Gobierno. "Y más riesgos se pueden detectar si el Ejecutivo pretende darle la instrucción de las investigaciones judiciales a unos fiscales dependientes del poder político, en detrimento de los jueces independientes".
Reivindicaciones
Como representante de la APM, acudirá a Estrasburgo Alejandro González Mariscal de Gante. En representación de la AJFV, Carlos Cardenal del Peral. En nombre de Foro Judicial Independiente, irán Cristina de Vicente Casillas y Marta Amelia López Vozmediano.
Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, participará en los encuentros, acompañada de Rosa María Frías Martínez, también de la AF.
Por parte de la APIF, acudirán al Parlamento Europeo Santiago Sánchez López y Miguel Pallarés Rodríguez.
Todas estas organizaciones participaron en la huelga durante los tres primeros días de julio. Rechazan varias reformas legislativas que impulsa el socialista Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.
En concreto, las cinco asociaciones se oponen a la integración en la carrera judicial de un millar de jueces y fiscales sustitutos mediante la realización de un "simple dictamen práctico y, consecuentemente, yendo en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
Consideran que esta reforma abre una vía para que la "transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político".
También rechazan que el Gobierno "quiera aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
La 'reforma Bolaños'
La primera de las reformas es la que persigue el proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Se encuentra ya en tramitación parlamentaria. Y, además, con carácter de urgencia.
La segunda de las reformas, de salir adelante, lo haría por vía de retocar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Este martes, las cinco asociaciones judiciales y fiscales trasladarán estas quejas —"las mismas que ya expusimos en la huelga y por las mismas razones", señala un representante que participará en los encuentros— al EPP y a ECR, así como a Metsola, Virkunnen y Zarzalejos.
En resumen, tal y como expresaba el manifiesto que convocó la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio: "Que la política saque sus manos de la Judicatura y de la Fiscalía". Algo "imprescindible para preservar la buena salud democrática de un país".