El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por cinco supuestos delitos.
En concreto: pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El juez Moreno ordenó, el pasado 26 de junio, el registro de la vivienda de Pardo de Vera. También, de la casa de Javier Herrero Lizano, antiguo director general de Carreteras.
Según la Guardia Civil, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García, se habrían valido de estos dos altos cargos para lograr el amaño de contratos de obra pública, a través de los cuales habrían cobrado comisiones ilegales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita registró los domicilios de ambos. En casa de la expresidenta de Adif, de hecho, los agentes encontraron documentación sobre el suministro urgente de cinco millones de mascarillas a Transportes, realizado en 2020 por la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada uno de los epicentros de la supuesta trama corrupta.
El exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
Además de incautar ésos y otros documentos de Adif, los agentes de la UCO copiaron el contenido de la cuenta de correo electrónico y de la carpeta de Dropbox de Pardo de Vera, así como su chat de WhatsApp con su marido, que era quien se encontraba presente durante el registro de su domicilio, ubicado en Santiago de Compostela.
Por otro lado, Pardo de Vera también está investigada, desde hace meses, por la contratación — aparentemente irregular y caprichosa, en palabras de Puente—, de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas dependientes de Transportes, Ineco y Tragsatec.
Rodríguez fue pareja, entre 2019 y 2021, del entonces ministro Ábalos. Pese a que cobraba mensualmente su salario, cuando declaró como testigo admitió que jamás realizó labor alguna.
La Audiencia Nacional investiga la rama de esta causa, denominada caso Koldo, que afecta a una mayoría de investigados que no están aforados.
Como el exministro Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso, sí goza de esta prerrogativa y sólo el Tribunal Supremo puede investigarle.
Por ello, éste órgano judicial es el encargado de instruir la causa en su contra. También investiga a quien fuese su mano derecha, Koldo García.
Hace poco más de un mes, el juez del Supremo Leopoldo Puente remitió al magistrado Moreno, de la Audiencia Nacional, los indicios, recabados por la UCO, que apuntarían a que Pardo de Vera y Herrero podrían haber asistido a Ábalos y Koldo para que ciertas adjudicaciones proyectadas por ellos "pudieran llegar a buen término", facilitando, supuestamente, información sobre los expedientes.
La Guardia Civil señaló en uno de sus informes que el exministro y su asesor "se valían, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero", para la "manipulación" de las licitaciones y su amaño en favor de ciertas empresas.
Ambos ex altos cargos deberán declarar en la Audiencia Nacional como investigados. Están citados para el próximo 21 de julio.