Tras la filtración de su número de móvil, el periodista Juanma Castaño recibió una llamada con una amenaza de bomba.
El teléfono de este locutor —y de más de una decena de informadores y tertulianos televisivos— fue publicado en un canal de Telegram hace unas semanas. También, el de varios ministros del Gobierno de España.
Por ejemplo, la periodista Susanna Griso ha sufrido "llamadas continuas, incluso día y noche, a menudo con insultos o amenazas".
Fragmento de la resolución judicial.
Todo ello lo recoge el juez Francisco de Jorge en una resolución judicial, fechada el pasado jueves. Este magistrado investiga a dos jóvenes canarios —ambos, de tan sólo 19 años— como supuestos autores de la filtración.
Los chavales, llamados Yoel y Cristian Ezequiel, utilizaban, respectivamente, los alias de Akkaspace y Pakito. El canal de Telegram donde fueron publicados los datos personales de políticos y periodistas ya está inactivo y su contenido, eliminado. No se descartan más detenciones en los próximos días.
La causa judicial continúa bajo secreto de sumario. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento judicial.
En él, De Jorge expresa lo siguiente: "El periodista Manuel Castaño Menéndez [Juanma Castaño] recibió una llamada en la que quien dijo ser Akkaspace le exigía una entrevista y publicar su acción, amenazándole con la colocación de una bomba al no aceptar realizar la entrevista".
Castaño es el director y presentador del programa radiofónico El Partidazo, emitido de jueves a domingo en la emisora COPE.
Como publicó EL ESPAÑOL, varios ministros —el juez no especifica cuáles— también han sufrido una "intensa campaña de acoso y amenazas" una vez que sus números de teléfonos fueron filtrados.
El juez investiga estos hechos como un posible caso de terrorismo, dada la intención de ambos investigados de "desestabilizar las instituciones políticas y obligar a los cargos políticos a renunciar a su actividad o, al menos, dificultarla".
Ahora bien, fuentes jurídicas consultadas por este medio subrayan que es posible que la causa se desgaje y parte de ella —la que afecta, como víctimas, a los periodistas— sea derivada a la Justicia ordinaria.
En dicho canal de Telegram también fue filtrado el DNI del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También, una cuenta personal de e-mail y una dirección postal, que corresponde con la ubicación del Palacio de la Moncloa.
En su resolución, el juez De Jorge también revela que Akkaspace "vendía el acceso a su base de datos por cantidades variables que debían ser pagadas en [la criptomoneda] Bitcoin".
Cuando declaró ante el juez, este joven admitió que fue cazado por "un agente encubierto", que compró, por apenas 70 euros, el paquete de datos de periodistas y políticos.
El magistrado vincula a ambos jóvenes con la ultraderecha. Aunque también fueron filtrados los datos de unos cuantos exdirigentes del PP, la mayoría de las víctimas son altos cargos del PSOE y de Podemos. También, militantes de ambos partidos, cuyos e-mails y contraseñas fueron desveladas.
Además, el listado de datos acabó siendo publicado por parte de perfiles "de ideología antisistema ultraderechista".
"Constan en autos llamadas a hacer uso de los datos difundidos para perjudicar a las víctimas de la filtración, utilizando sus DNI para compras o registrarse en sitios web, con perjuicio de los ofendidos; o alusiones vindicativas o amenazantes, como la expresión 'a cada cerdo le llega su San Martín'", indica el juez instructor.
"El investigado [Yoel, alias Akkaspace], indiciariamente, difundió los datos personales, incluyendo, en ocasiones, matrículas de vehículos y domicilios, para que otros llevasen a cabo una campaña de acoso, valiéndose de esos datos. A la difusión de tales datos contribuyeron otros, aún no identificados", expresa el magistrado.
De Jorge también advierte del "claro potencial desestabilizador" de ambos investigados, "tanto por sus capacidades técnicas como por su nivel de infiltración y de motivación".
"Muchas de las personas afectadas —especialmente, ministros y otras autoridades, junto con periodistas tildados de 'colaboradores'— han experimentado una intensa campaña de acoso con amenazas, continuas llamadas telefónicas a cualquier hora e insultos", resume el juez.
El magistrado también indica que, en una entrevista, el propio Akkaspace se definió a sí mismo y al grupo del que, aparentemente, forma parte como "terroristas de Internet".