Tres años de prisión y siete años de inhabilitación. Esa es la pena que ha confirmado el Tribunal Supremo para el exalcalde socialista de Linares Juan Fernández como autor de un delito de malversación de caudales públicos.
Se le condena por el cobro de "sobresueldos" por un valor de 125.377 euros, un dinero que procedía de las cuentas del grupo municipal socialista, del que fue portavoz durante seis años, en la localidad que durante años ha marcado el récord absoluto de paro en España.
Linares es una de las localidades andaluzas más pobladas de Andalucía -más de 56.000 habitantes- y también de las más castigadas. Sobre todo, tras el cierre de negocios como El Corte Inglés o del Grupo Inditex.
Prueba de ello fue el polvorín social que derivó hace tres años en una brutal pelea en la que se vieron implicados dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía fuera de servicio y un tercer hombre. Este, junto a su hija, se llevó la peor parte.
Tras ello, Linares vivió dos noches de batalla campal entre sus vecinos, que son presos de la indignación que acumulan tras más de una década encadenando crisis. Concretamente, desde que en 2011 cerrara sus puertas la factoría automovilística Santana Motor. Epicentro, por otro lado, del caso ERE.
En aquellas fechas, el alcalde de la localidad era Juan Fernández del PSOE. Llevaba tres legislaturas en el poder cuando ese mismo año, en 2011, decidió que "su sueldo neto de casi 3.000 euros al mes", según han informado a EL ESPAÑOL fuentes solventes, no era suficiente.
Para solucionarlo, en julio de aquel mismo año empezó a apropiarse de 1.700 euros al mes de su propio partido. Lo hizo durante seis ejercicios, hasta 2017. Por ello la Audiencia de Jaén lo condenó, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le rebajó de cuatro a tres años de prisión y ahora el Supremo ha confirmado esta pena.
La sentencia considera probado que Juan Fernández como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, al margen de su sueldo como alcalde, se apropió de esta cantidad. Todo ello, "sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del grupo".
La expulsión del partido
El dinero lo recibía en metálico mediante la emisión de cheques bancarios al portador y con cargo a dos cuentas del citado grupo municipal. Una cantidad que, por ley, no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal.
Durante el juicio, Fernández no negó en ningún momento haber recibido estas cantidades, sí rechazó que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE.
Fernández estuvo de alcalde durante 19 años, pero el último año no representaba a las siglas socialistas. Su partido lo expulsó en 2018 al detectar un desfase de 125.000 euros en las cuentas y abrirle un expediente disciplinario.
De hecho, la causa partió de la citada denuncia y el PSOE se personó como acusación popular. Como tal, le ha llegado a pedir hasta ocho años de cárcel.
"La formación se hizo el harakiri" al tramitar este expediente, pero no tenía más remedio, aseguró en su momento a este periódico el letrado del PSOE Alberto Manzaneda.
Denunció a la jueza instructora
Pero en este proceso judicial han ocurrido más cosas. Fernández también se querelló en el Tribunal Supremo contra la jueza instructora de esta causa como presunta autora de un delito de prevaricación.
Entre otras cuestiones, Fernández acusó a la magistrada de dictar tres autos en el proceso, uno de ellos el 6 de mayo de 2019, "para machacarme y mandarme al tribunal con jurado" y hacerlo basándose en "testimonios falsos" y "mentiras".
"Me he dejado la piel y la vida por Linares"; "es una vergüenza esto que habéis hecho conmigo" y "lo escrito aquí -en la sentencia- es falso, manipulado y malinterpretado". Fueron frases que el alcalde expresó cuando conoció la sentencia que lo puede llevar a la cárcel tras confirmarlo primero el TSJA y, ahora, el Supremo.