Más de un millar de jueces y fiscales han suscrito un Manifiesto para la Huelga elaborado por el comité que impulsa un movimiento en las carreras judicial y fiscal contra las reformas que promueve el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
"Tal respaldo masivo ha confirmado la ya firme decisión del comité de promover una huelga entre jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia", indica una carta dirigida a los integrantes de dos chats en WhatsApp a través de los cuales se organiza este movimiento espontáneo y "sin sesgo ideológico", remarcan, que se autodenomina Unión de Jueces y Fiscales.
El objetivo que se ha marcado es la retirada tanto del proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El primero se encuentra ya en tramitación parlamentaria y, además, con carácter de urgencia.
La carta del comité, integrado por cuatro fiscales y cinco jueces y magistrados, indica que "fiel a los principios rectores de este movimiento transversal y abierto, hemos decidido contactar formalmente con todas y cada una de las asociaciones de jueces y fiscales, sin excluir a ninguna, para proponer el conflicto colectivo como respuesta unificada que aglutine al mayor número posible de miembros de las dos carreras".
El comité ha propuesto a las asociaciones la fecha del próximo día 12 para realizar el preaviso de huelga, es decir, 24 horas después del paro de 10 minutos que han convocado, en protesta por esas mismas iniciativas del Ministerio de Félix Bolaños, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales: las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Fuentes de estas asociaciones han indicado que se reunirán para dar una respuesta conjunta al movimiento Unión de Jueces y Fiscales.
Éste, por su parte, está dispuesto, llegado el caso, a convocar la huelga en solitario, aunque confía en sumar fuerzas dada la coincidencia del movimiento y las asociaciones en rechazar estas dos reformas.
Manifiesto
El Manifiesto para la Huelga afirma que el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y el cambio del Estatuto del Ministerio Público "suponen un riesgo para la independencia de la Justicia".
"Como jueces y fiscales europeos nos corresponde denunciar el contenido de ambos textos y señalar que las reformas que introducen constituyen un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes, y que son contrarias al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución", sostiene.
Sostienen que la reforma "rebaja los niveles de exigencia y preparación" de la oposición libre de acceso a la Judicatura, "a diferencia del resto de profesiones jurídicas".
Se elimina una prueba oral de 144 temas (Derechos Procesal Civil, Procesal Penal, Derecho Mercantil, Laboral y Contencioso) y se introduce un dictamen escrito "que podrá admitir diversas respuestas válidas y será de evaluación subjetiva, con el peligro de filtraciones que lleva consigo, razones por las que se eliminó hace 20 años".
El acceso por el cuarto turno "se verá recompensado con cinco años de antigüedad, a los únicos efectos de optar a puestos de nombramiento discrecional", añaden.
"El cuerpo de opositores, conformado por personas decididas, sacrificadas y con un conocimiento amplísimo del Derecho, queda herido de muerte, al igual que el esfuerzo, cimiento limpio e independiente de ambas carreras", afirman.
También rechazan el proceso que se abrirá para incorporar a la Judicatura y al Ministerio Público a los jueces y fiscales sustitutos.
Este colectivo de profesionales sustitutos (más de 1.000) "ha estado cubriendo bajas temporales y sólo excepcionalmente cubre una plaza judicial de manera prolongada en el tiempo", dice el Manifiesto.
"Con plenos respeto y reconocimiento al trabajo que desempeña este colectivo, consideramos que ya dispone de maneras de acceder a las carreras judicial y fiscal haciendo valer su experiencia en los concursos del cuarto turno. Nada justifica, por lo tanto, su integración automática" en ellas.
"Frente a la exigencia, rigor y objetividad para acceder a la función jurisdiccional, los requisitos exigidos para la estabilización de los jueces sustitutos y demás profesionales del Derecho son: tener el grado en Derecho, cinco años de ejercicio profesional y superar un dictamen sobre cualquier rama del Derecho", indican.
El proyecto de ley "no explica el contenido del dictamen, que, a diferencia del turno libre, no será anónimo; ni su valoración; ni el número de plazas que salen a concurso; ni cómo se integrarán en las carreras quienes se estabilicen".
"La reforma, con el pretexto de la temporalidad, abre una preocupante puerta de atrás a cualquier profesional del Derecho, haya ejercido o no como juez o fiscal sustituto, sin garantías objetivas de la capacitación técnica necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional ni de independencia en el proceso selectivo. Y supone una preocupante diferencia de trato para jueces y fiscales con los sistemas ordinarios de acceso", sostiene.
En cuanto a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, considera que "refuerza el poder del fiscal general del Estado y debilita al Consejo Fiscal, cuyas competencias reduce".
También "disminuye las garantías profesionales de los fiscales en aspectos clave como la asignación de asuntos, el régimen disciplinario o las discrepancias". Y ello, "sin garantizar la autonomía ni la independencia del Ministerio Fiscal, sin las cuales no puede cumplir sus funciones ni asumir la investigación criminal. Sin garantías de independencia para los fiscales, la separación de poderes está en peligro real".
Reunión asociaciones-Abogacía
Por su parte, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se han reunido hoy con Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
González ha manifestado que "garantizar un proceso de selección de jueces y fiscales riguroso y basado en mérito y capacidad es esencial para disponer de un sistema de Justicia sólido y eficiente". Más aún en un contexto en el que los jueces españoles afrontan una presión creciente derivada de la alta carga de trabajo.
Reunión del presidente de la Abogacía con representantes de las asociaciones de jueces y fiscales./
Para el presidente de la Abogacía española, "un cambio tan trascendental como el que propone en esta reforma debería ser fruto del consenso y de una tramitación adecuada en la que se escuchen y participen todos los operadores jurídicos, máxime teniendo en cuenta que el informe del Consejo General del Poder Judicial ha sido muy crítico" con esta iniciativa.
“Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva es imprescindible que la planta judicial cuente con órganos suficientes" y que sus titulares "accedan a dichos puestos sobre la apreciación de su mérito y capacidad y en condiciones de igualdad”, ha manifestado el presidente de la Abogacía al término de la reunión.