El exdiputado y exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha solicitado a la Audiencia Nacional salir de la cárcel.
El pasado jueves, la juez María Tardón le envió a prisión, de forma provisional, en el marco de la investigación secreta contra él y contra el joven hacker conocido como Alcasec, del que Martínez fue abogado años atrás.
Según la magistrada, el expolítico habría ofrecido "blindaje legal" y "coordinación jurídico-operativa" al pirata informático. Y, gracias a ello, ambos se habrían enriquecido con la supuesta obtención ilegal de millones de datos a través de los ciberataques cometidos por el joven.
Entre otros organismos, la instructora mencionó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), Puertos del Estado, el Registro Civil o la Dirección General de Tráfico (DGT).
Martínez niega haberse lucrado con esta actividad, se desvincula de la supuesta actividad criminal de Alcasec y, en un escrito fechado este mismo martes, solicita a la juez quedar en libertad.
Como ya hiciera cuando declaró en la Audiencia Nacional, el expolítico insiste en que, además de haber sido el abogado del joven hacker cuando era menor, también trató de convertirse en un referente moral para el chaval. Sin mucho éxito, a la vista de los acontecimientos y tal y como llega a admitir su defensa.
Pedro Colina, el abogado de Martínez, expresa en su escrito que su cliente intentó "reinsertar en la sociedad a José Luis Huertas", nombre real de Alcasec.
"Lo hizo desde que le asistió como abogado siendo menor de edad, reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad, con el conocimiento y consentimiento de la Fiscalía de Menores", añade Colina.
"Esta representación nada tiene que decir (...) sobre los hechos centrales que han motivado la formación de la causa; esto es, la sustracción de datos en organismos públicos y privados y su almacenamiento masivo y organizado en el extranjero para su posterior uso, análisis y comercialización; hechos que habría protagonizado José Luis Huertas, más conocido como Alcasec", expone el letrado del exdiputado, que desvincula a su cliente de esta operación.
"¿Cuál es la contribución concreta y específica de don Francisco Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos?", se pregunta Colina.
A renglón seguido, reprocha que la resolución que envió a prisión al expolítico no está suficientemente justificada.
"No contiene ni una sola acción de don Francisco Martínez en la que se le describa construyendo, cual paciente y avezado arquitecto jurídico, ese armazón legal sin el cual José Luis Huertas no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y que se califica de 'red compleja' con 'un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa'", expone.
A ojos del abogado defensor, no concurren los requisitos para enviar a prisión provisional a Martínez. "No se supera el universo de la especulación y de la sospecha en lo que respecta a su participación en el entramado criminal", expresa.
El 'hacker' conocido como 'Alcasec', en una entrevista con el pódcast Club 113.
Asimismo, Colina considera que tampoco existe riesgo de que su cliente destruya u oculte pruebas.
La información obtenida por la supuesta red criminal estaba almacenada en un servidor ubicado en Zúrich (Suiza), vinculado a la empresa Private Layer Inc, y en una nube digital (cloud) ultrasegura.
Colina admite en su escrito "echar en falta" la explicación de cómo su cliente podría destruir dichas fuentes de prueba. "No existe ni un solo elemento en el auto recurrido del que se infiera la capacidad
de don Francisco Martínez para ello", reprocha.
Dos empresas
Cuando declaró ante la juez, el exdiputado admitió haber probado un bot desarrollado por Alcasec y que proporcionaba información mercantil. Ahora bien, subrayó que nunca percibió ninguna ilegalidad, de haberla.
Martínez también reconoció que constituyó, para Huertas, dos empresas, llamadas Horus y Avenio. Y que llevó, durante unos meses, la contabilidad de la primera de ellas.
En el mencionado escrito, Colina señala que ambos "constituyen actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista", caso del fundado por Martínez tras su paso por la política.
"No aparece ni un solo acto de gestión, administración, dirección o apoderamiento en esas u otras mercantiles por parte de don Francisco Martínez", reprocha el letrado del exdiputado.
"¿Dónde está ese blindaje legal y patrimonial? ¿Dónde está esa cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada? ¿Dónde están esas empresas pantalla? ¿Cuál es su intervención en el plan criminal? ¿Qué participación ha tenido en los pagos en criptoactivos, en la canalización de ingresos ilícitos, en la facturación simulada o en la apariencia de actividad lícita? ¿Qué papel ha desempeñado en la obtención, almacenamiento, cifrado y compartimentación de la información?", se pregunta Colina.
"¿No será que la imputación de don Francisco Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?", insiste, en alusión a un tercer joven, amigo de Alcasec, que también fue detenido en esta causa.
En efecto, por el momento, la juez Tardón atribuye a todos los investigados este supuesto delito, junto a los de blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos, en su modalidad de intrusismo en un sistema informático.
Finalmente, el letrado del expolítico recuerda a la juez que el Código Penal "sólo tipifica el blanqueamiento de capitales y no el de imagen" y descarta que los hechos atribuidos a su cliente constituyan un "blindaje legal" en favor de Alcasec y sus actividades.