La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades formales en varios contratos públicos recibidos por una empresa de Juan Carlos Barrabés.
Una de estas adjudicaciones fue otorgada en 2021 por la entidad pública Red.es, también adscrita a Hacienda. Y la oferta había sido respaldada, a través de una manifestación de interés (una suerte de carta de recomendación que avala un proyecto), por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Ahora bien, la IGAE detecta una irregularidad muy similar (una cuestión formal en el proceso de valoración de las ofertas) en un contrato otorgado a la misma empresa de Barrabés por parte del Ayuntamiento de Madrid en 2021. Es decir, con José Luis Martínez-Almeida al frente.
Así lo ha hecho constar la IGAE en un informe de 144 páginas ya enviado al juez que investiga a Gómez, Juan Carlos Peinado.
En esta misma causa, conocida como caso Begoña, el magistrado también mantiene investigado a Juan Carlos Barrabés.
El dosier también detecta anomalías formales en otro contrato licitado con Almeida al frente del consistorio madrileño y en uno de 2016, adjudicado cuando Manuela Carmena dirigía el Ayuntamiento de la capital.
Las irregularidades
La irregularidad que la IGAE detecta con respecto al contrato de Red.es consiste en que "la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática [en este caso, el único era el criterio precio] sea inferior a la ponderación real que corresponde a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor".
"La valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato [Red.es] o por un organismo técnico especializado".
Por ello, Hacienda concluye que se vulneró la Ley de Contratación del Sector Público en esta licitación, en lo relativo a este extremo. Esta licitación tuvo un valor de más de tres millones de euros. La mercantil de Barrabés concurrió en forma de UTE (unión temporal de empresas).
Sucede algo muy similar con uno de los contratos adjudicados por Almeida. En concreto, el destinado al desarrollo de un hub en el Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid.
De nuevo, la IGAE reprocha lo mismo: que "la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática sea inferior a la ponderación real que corresponde a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor".
"La valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato [el Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid] o por un organismo técnico especializado".
Ahora bien, el informe destaca que dicho incumplimiento no debió tener un "efecto determinante" en la elección de la empresa adjudicataria.
En el caso del contrato firmado entre la empresa de Barrabés (Innova Next SL) y el Gobierno de Carmena, la IGAE detecta falta de motivación en un aspecto.
Echa en falta que se hubiesen detallado más extensamente "las razones, aspectos o elementos concretos" que justificaban el requisito de solvencia técnica o profesional.
No obstante, Hacienda subraya que hasta nueve empresas concurrieron a este concurso, una cifra muy superior al del resto de licitaciones del Ayuntamiento de Madrid analizadas.
Finalmente, el informe analiza las irregularidades detectadas en el contrato firmado en 2021 entre la Factoría Industrial de Vicálvaro e Innova Next SL.
En este caso, la IGAE reprocha que, "para la tramitación de este contrato debería haberse obtenido la previa autorización de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid".
¿Por qué? Dado que la ponderación real de los criterios evaluables de forma automática, considerados en su conjunto, supuso menos del 75% del total.