La Audiencia Provincial de Madrid ha librado al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, de ir a juicio por haber instado a dinamitar el Valle de los Caídos y lanzar las piedras a los sacerdotes, a los que acusó de pederastia. El tribunal conformado por los jueces Diego de Egea, Carlos Martín Meizoso e Ignacio Fernández Soto descarta que esas palabras constituyan un delito de incitación al odio.
El 27 de junio de 2024, el cómico, en el programa que presenta en la Cadena SER (Hora Veintipico), dijo lo siguiente: "Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que haya más gente".
Inmediatamente, prosiguió: "Y luego lo que queremos hacer (...) es coger todos los pedacitos que salgan de la Cruz del Valle de los Caídos. Y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado a algún niño. O sea, a todos. Sí, igual nos faltan piedras. ¡Igual necesitamos volar también la Almudena!".
Estas palabras provocaron que la asociación ultracatólica Abogados Cristianos pusiera una querella contra De Miguel, quien tuvo que declarar como investigado. Como informó EL ESPAÑOL, en enero de 2025, el juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, propuso sentar en el banquillo al humorista por un posible delito de incitación al odio.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como el abogado del investigado recurrieron esta decisión. Y, ahora, la Audiencia de Madrid les da la razón. En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, este tribunal, jerárquicamente superior al Juzgado, ordena "el sobreseimiento libre de las actuaciones". Esto es, un archivo definitivo que, además, tiene valor de cosa juzgada.
En su recurso, el fiscal defendía que las polémicas palabras fueron pronunciadas en un contexto de humor, en un programa de radio evidentemente satírico.
El juez Valle no lo había creído así. En el auto en el que proponía juzgar al cómico, el magistrado señaló que estas expresiones "son de naturaleza ofensiva" y "no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo", el de los sacerdotes, "llamando, por ello, a agredirles mediante el lanzamiento de piedras".
"En consecuencia, no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión o creación artística", concluyó el juez. "Ni que supongan un ejemplo de humor sarcástico, ya que entrañan una imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva que, llevada a cabo con la publicidad propia del programa en el que se vierte, puede resultar idónea para generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren, por motivos relativos a su religión o creencias", defendió el magistrado, cuya decisión de mandar a juicio a Quequé ha quedado ahora revocada.
La Audiencia Provincial subraya en su resolución, fechada el pasado 30 de abril, que la intención del humorista al hacer estas manifestaciones "no era diferente de la de expresar, de una forma airada y
exagerada, su posición política".
Según los magistrados, Héctor de Miguel manifestó "de una forma viva y rotunda, pero sin discurso elaborado ni matices, su protesta y disconformidad con la compleja situación política actual".
"Desde luego, no ha quedado acreditada que la intención de aquel tuviera su razón de ser en la incitación al odio del modo que se expresa en el artículo 510.1 del Código Penal, pues así se deduce tanto de la consistencia de sus declaraciones, de la naturaleza y contenido de sus mensajes y la objetiva falta de seguimiento real de los mismos por parte de cualquier grupo o personas", añade la resolución.
"Este tribunal considera, por lo tanto, que las expresiones o manifestaciones atribuidas al investigado no son delito y señala que en modo alguno dichas manifestaciones fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso o a aquellos que practican la religión católica", añade.
En un comunicado, Abogados Cristianos avanza que recurrirá ante el Supremo la resolución de la Audiencia madrileña. La organización también recuerda que este viernes, De Miguel está citado a declarar en un Juzgado de Valladolid por un supuesto delito de acoso, por haber instado desde su programa a sus oyentes a telefonear a Polonia Castellanos, presidenta de la asociación ultracatólica, una vez recibió la ya mencionada querella.
Diligencias del CGPJ
Por otro lado, el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, mantiene abiertas unas diligencias informativas sobre el juez Valle, debido a un extremo concreto de su interrogatorio a Quequé.
Durante la declaración, para efectuar una comparación, el magistrado le preguntó al cómico si consideraba una broma decir, "por ejemplo: 'A ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños; es decir, todos los homosexuales".
Una asociación denunció ante el CGPJ estas palabras del juez, al considerarlas "homófobas, denigrantes y vejatorias". La Plaza Pedro Zerolo, en pleno corazón del madrileño barrio de Chueca, rinde homenaje al político socialista, ya fallecido, del cual lleva el nombre, un referente en la conquista de derechos para el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB).
Ricardo Conde no aprecia motivos para sancionar al juez. Considera que sus palabras "tuvieron lugar durante el desarrollo de una diligencia instructora y fueron formuladas a los solos efectos de delimitar la naturaleza de los hechos objeto de instrucción y someterlos al debido debate, sin ningún ánimo de expresar opiniones que, además, pudieran hacerse públicas".
El promotor argumentó que Valle "no expresa ninguna opinión personal ni realiza juicios de valor; tan sólo traza una posible analogía para someter a contradicción la afirmación del humorista".
A su parecer, "no se observa intención de vejar o denigrar a ningún colectivo; si acaso, la pretensión que se desprende del actuar del magistrado es precisamente la contraria: expone una afirmación que considera en todo caso ofensiva o lesiva del derecho al honor, para contrastarla con la del humorista y valorar si la afirmación humorística de este último también pudiera serlo".
Por ello, Conde propuso a la Comisión Permanente del CGPJ el archivo de las diligencias informativas. No obstante, como informó este periódico, le fueron devueltas al promotor de la Acción Disciplinaria, a fin de que continúe practicando actuaciones.