La Abogacía del Estado ha defendido esta mañana en una audiencia ante la Sala Civil del Tribunal Supremo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no vulneró el derecho al honor del empresario Alberto González Amador al tildarle de "delincuente confeso" y afirmar que la vivienda en la que reside junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue adquirida mediante un "fraude fiscal".
"No son declaraciones falsas", ha afirmado el abogado del Estado José María Molero, que ha sostenido que la afirmación de que el novio de Díaz Ayuso es un "delincuente confeso" tiene apoyatura en el correo electrónico que su defensa envió a la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero de 2024 admitiendo que González Amador cometió dos delitos tributarios.
"Esa expresión no debe reducirse a su significado jurídico penal, estamos en un debate político", ha enfatizado el defensor de Montero, que ha sostenido que la vicepresidenta "desde el punto de vista de su significado general, popular, vulgar".
Durante la audiencia, en la que el presidente de la Sala, Ignacio Sancho, constató la ausencia de acuerdo entre las partes, el tribunal ha admitido una prueba documental aportada por la abogada de González Amador, Guadalupe Sánchez, consistente en un argumentario de la Secretaría de Estado titulado López [sic] Amador/FGE/Lobato.
El argumentario
El argumentario iba dirigido a los miembros del Ejecutivo, pero la Secretaría de Estado lo envió, por error, a través de un correo electrónico a periodistas que cubren la información del Gobierno. En él se afirmaba que "Ayuso aún no ha dado ninguna explicación sobre por qué mintió ni sobre por qué sigue viviendo en un ático que se financió a través del fraude fiscal, como ha reconocido su propia pareja".
La abogada de González Amador considera ese correo electrónico relevante para demostrar que los ministros recibieron instrucciones para desarrollar una "actuación concertada" en contra de Ayuso aprovechando la situación fiscal de su pareja y que las manifestaciones de Montero no fueron espontáneas, sino pensadas con anterioridad.
Pero a esos efectos la prueba bien podría ser intrascendente para el pleito porque -tal como la propia Sánchez admitió- el correo electrónico de la Secretaría de Estado está fechado el 3 de diciembre de 2024 y Montero ya había realizado varias manifestaciones sobre la condición de "delincuente fiscal" y "delincuente confeso" de González Amador. De hecho, el grueso de la demanda se dirige contra declaraciones de la vicepresidenta realizadas durante 2024 los dias 12 marzo; 3,16 y 23 de octubre y 29 de noviembre.
"Expresiones muy graves"
Guadalupe Sánchez afirmó que las palabras utilizadas por Montero sobre González Amador son "expresiones objetivamente muy graves que desbordan la libertad de expresión" y que "atentan contra el honor porque se le presenta como autor de delitos por los que no ha sido condenado".
Según la abogada, "es absolutamente falso que González Amador haya cometido o declarado la comisión de delito alguno o que los haya confesado o admitido, pues no ha recaído sentencia que lo declare".
En su tesis, "cuando hablamos de delitos concretos no cabe otro sustento fáctico que una sentencia condenatoria".
Sánchez utilizó a su favor resoluciones del magistrado de la Sala Penal del Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de secretos del expediente tributario de González Amador. Hurtado criticó que el novio de Ayuso fuera llamado defraudador "sin serlo" ya que "no ha recaído sentencia condenatoria que así lo declare y solo los tribunales pueden emitir declaraciones de condena".
Para la letrada, el interés general o la relevancia pública del personaje que ampararían la libertad de expresión de la vicepresidenta Montero decaen cuando se trata de un "ciudadano particular". "El hecho de que sea pareja sentimental de la presidenta madrileña no justifica, en base a un hipotético interés social, que a un ciudadano particular se le tilde de delincuente confeso", ha dicho.
Todo ello ha sido contestado por la Abogacía del Estado. Molero ha destacado que las primeras declaraciones de María Jesús Montero, realizadas el 12 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado, son consecuencia de las previas manifestaciones hechas en la Cámara, que tuvieron reflejo en el Diario de Sesiones -y en la prensa- y, por tanto, amparadas en la inviolabilidad parlamentaria. Las demás contestaron a informaciones aparecidas en la prensa, ha resaltado.
Eran, además, manifestaciones "de interés general en su conjunto", ha sostenido. "Cuando los hechos se encuentran incursos en el debate público, y además un debate público sobre cuestiones penales, la libertad de expresión queda ampliada y prevalece sobre el honor", ha afirmado.
Para la Abogacía del Estado, González Amador, "de forma consciente o inconsciente" se ha "incorporado al debate político". "No es un simple particular. Lo es con carácter general, pero no desde el momento en que participa activamente en un debate político como consecuencia de que su núcleo más cercano", ha dicho en alusión a Ayuso, "está refiriéndose a la situación fiscal de su pareja y a la vivienda en la que residen".
Asimismo, "su representante legal ha dirigido a la Fiscalía un correo, ya publicado, admitiendo dos delitos fiscales", de modo que "hay actos propios del demandante que le colocan en el centro en un debate político de interés general".
Fiscal: "Se extralimitó"
El fiscal Javier Muñoz Cuesta apoyó la conclusión de la Abogacía del Estado en el sentido de que la demanda de González Amador debe ser desestimada.
"Puede haber una crítica molesta, malsonante, pero no atenta al honor", ha manifestado el representante del Ministerio Público, que ha destacado que las declaraciones de Montero "tienen sustrato fáctico" en el correo de su defensa admitiendo que cometió delito fiscal, lo que "ha llegado a todos los ciudadanos".
Para el fiscal, "no hay ninguna duda" de que María Jesús Montero "se extralimitó". "Pero actuó conforme a los criterios de la Sala Primera en el sentido de que lo que dijo es de interés general", ha concluido
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