Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, reclama al Estado otros cuatro millones de euros por el perjuicio sufrido por su organización durante la investigación del llamado caso Ausbanc.
Como avanzó EL ESPAÑOL, Bernad ya solicitó una indemnización de 1,2 millones de euros por haber sufrido nueve meses de prisión preventiva y acabar, finalmente, absuelto por el Tribunal Supremo.
Ahora bien, esta segunda reclamación patrimonial se centra en los perjuicios padecidos por Manos Limpias durante la instrucción de aquella causa, por la que Bernad acabó sentado en el banquillo, acusado de extorsionar a bancos y grandes empresas. La Fiscalía pedía para él 24 años de prisión.
La Audiencia Nacional le condenó a sólo cuatro. Pero el Tribunal Supremo acabó absolviéndole.
Por ello, ahora reclama cuatro millones de euros en nombre de su organización. En un escrito, ya enviado al Ministerio de Justicia, relata que, debido al embargo de todas sus cuentas, Manos Limpias "quedó inoperativo, pues no pudo, ni tan siquiera, pagar la nómina de su secretaria" ni "los emolumentos de los diferentes abogados del sindicato".
Todos sus trabajadores fueron despedidos, narra el documento. "Y debido al impago de la renta de alquiler, fuimos desahuciados de nuestras oficinas de calle Ferraz de Madrid, con lo que carecíamos de un lugar donde poder recibir documentos, donde poder atender a afiliados, etc", añade.
Durante la instrucción del caso Ausbanc, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino los ordenadores de Manos Limpias. De acuerdo con el escrito de reclamación patrimonial, "en el disco duro devuelto a Manos Limpias faltaba documentación que antes había en el mismo".
"El sindicato quedó absolutamente inoperativo e incapaz de conseguir ingreso alguno", resume el escrito, en alusión a los años que duró la causa judicial, desde mayo de 2016 hasta abril de 2024.
Anualmente, según asegura el documento, Manos Limpias ingresaba 420.000 euros. "Lo que supone que se ha dejado de ingresar en dicho periodo la cantidad de 3.035.000 euros", expresa el documento, firmado por el propio Bernad y fechado el pasado 11 de febrero.
"Al mismo tiempo, la pena de telediario que sufrió mi representada ha sido única en España, pues nadie ha sufrido un ataque tan feroz", lamenta el escrito. "En todos estos años, gracias a este pleito que nunca debió existir, decir Manos Limpias era sinónimo de extorsión, de lucro indebido, de mafia, de actividades ilícitas, etc., hasta tal punto que los bancos cancelaban cuentas corrientes de Manos Limpias, o nos calificaban como cliente non grato", añade.
"El desprestigio, en base a un litigio que nunca debió ser, ha sido tremendo. Y, por ello, esta parte entiende que debe también repararse, solicitando por ese concepto la cuantía de 1.000.000 euros", concluye.
Es decir, en total, Manos Limpias solicita 4.035.000 euros, que se suman a los 1,2 ya solicitados, a título individual, por Bernad, debido a su estancia en prisión.
En el caso Ausbanc se investigó si la entidad del mismo nombre, en coordinación con Manos Limpias, extorsionó a bancos y grandes empresas para recibir dinero a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. En 2021, Bernad acabó condenado por la Audiencia Nacional por este delito y por estafa. No obstante, el Tribunal Supremo le exoneró de ambos delitos el pasado mes de marzo.
El artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge que "tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios".
La cuantía se fijará en función del tiempo entre rejas y de las consecuencias económicas, personales y familiares que éstas hayan producido. Las reclamaciones deben exigirse al Ministerio de Justicia.
Manos Limpias ejerció la acusación popular en el llamado caso Nóos, en el que fue investigada la infanta Cristina de Borbón. Actualmente, el sindicato ejerce la misma acción en la causa contra el fiscal general del Estado y en los procedimientos en los que están investigados David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y Begoña Gómez, esposa de este último.
La condena
La Audiencia Nacional no sólo condenó en 2021 a Bernad. También, a Luis Pineda, presidente de la entidad Ausbanc, que se definía como una asociación en defensa de los consumidores bancarios.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Pineda también ha reclamado una indemnización al Estado por los tres años de prisión provisional que sufrió: desde 2016 hasta 2019. También fue exonerado por el Supremo.
El pasado 11 de marzo, el Supremo dictaba la sentencia que absolvía a Pineda y Bernad. A lo largo de sus 149 folios, la Sala Segunda relataba que el director de Ausbanc presentó demandas y querellas a través de dicha entidad. En ocasiones, de acuerdo con Bernad.
Y, además, admitía que Pineda negoció con algunos de los demandados o querellados, que solían ser bancos, acuerdos para retirar las acusaciones, que a menudo incluían el compromiso de Pineda de no iniciar nuevos procedimientos judiciales en su contra y fomentar una imagen positiva de las compañías.
Sin embargo, las acusaciones sí proseguían contra las compañías que rechazaban estos acuerdos. Ahora bien, el Tribunal Supremo concluyó que esta forma de negociación, por censurable que pudiese parecer desde un punto de vista ético, no lo es bajo la óptica penal. No son hechos de una entidad suficiente para ser calificados como extorsión.
Tal y como recalcó el Supremo, "varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica".
Estas "potentes sociedades" disponían de servicios jurídicos especializados, además de "suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales".
El fiscal que participó en el juicio del caso Ausbanc, José Perals, llegó a solicitar nada menos que 118 años de prisión para Luis Pineda y 24 para Bernad. No obstante, el tribunal enjuiciador descartó los delitos de organización criminal, denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal que sí atribuía el Ministerio Público a los dos encausados.