La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión a Johni F. T. M., un sicario condenado en Colombia a 143 años de cárcel, aunque la máxima pena de prisión en aquel país son seis décadas.
Llegó a permanecer oculto a la Justicia durante década y media. Se refugió en Galicia, donde se instaló en 2007. Por unos hechos ocurridos en 2003, fue juzgado en Cali en 2011, pero el juicio se produjo in absentia. Es decir, sin que el acusado estuviera presente, sin que estuviese sentado en el banquillo.
Y fue ése, precisamente, el motivo esgrimido por la Justicia española para frenar su entrega a Colombia, país que le reclama para que pueda cumplir allí esta pena.
La Audiencia Nacional congeló su extradición a la espera de que las autoridades colombianas demostrasen que aquel juicio se celebró con garantías y el abogado de oficio que le defendió lo hizo correctamente. El fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali concluyó que el acusado había cometido "un homicidio por torturas".
No obstante, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado la petición del abogado que defiende en España a Johni F. T. M. y ha optado por mantenerle en la madrileña cárcel de Estremera. La Fiscalía, además, se había opuesto a su libertad provisional.
En una reciente resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los jueces María Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri optan por mantenerle en prisión "para poder garantizar la efectividad de la entrega solicitada por las autoridades judiciales de Colombia".
Johni, que nació en Colombia en 1976, fue detenido en Pontevedra el 2 de diciembre de 2022, a solicitud de las autoridades colombianas, que le reclamaban para hacerle cumplir su pena.
El acusado fue condenado "por su implicación en delitos de homicidio agravado por tortura, concierto para delinquir y porte ilegal de armas", de acuerdo con la extensa documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Concretamente, el fallo del juzgado colombiano le considera "coautor" de 14 asesinatos y un "secuestro extorsivo agravado". Según la legislación española, todos estos delitos coincidirían con los de asesinato, secuestro, asociación ilícita y tenencia de armas.
"Es miembro de la banda criminal Tres Puntillas. El 17 de julio de 2003, Johni F. T. M. y otros tres miembros de la banda secuestraron a un hombre. Portando armas de corto alcance y simulando ser autoridad policial, se presentaron cuando la víctima estaba con su familia en un taller de mecánica. El cadáver de la víctima apareció posteriormente en [dirección omitida]. Su cuerpo mostraba señales de tortura y le habían aplicado un torniquete que le había ocasionado la muerte por asfixia. Estaba amordazado y tenía tres puntillas en la cabeza", indica la documentación policial consultada por EL ESPAÑOL.
143 años de cárcel
En realidad, Johni fue condenado a 143 años de prisión. Pero el Código Penal colombiano establece que la pena máxima que puede imponerse son 60 años de cárcel. Y lo probable es que el condenado, como mucho, cumpliese cuatro décadas entre rejas.
El juzgado de Cali también le impuso una multa de "cinco mil salarios mínimos legales vigentes". La Justicia de su país le prohibió, a su vez, portar armas durante una década.
El Consejo de Ministros aprobó su extradición a Colombia en su reunión del día 7 de marzo de 2023. También es favorable a su entrega la Fiscalía, pese a haber sido juzgado in absentia. Así lo hizo constar en un informe la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.
Peligroso sicario
Colombia considera a Johni F. T. M. uno de los sicarios más peligrosos del país y ofrecía una abultada recompensa por su captura, de hasta diez millones de pesos (unos 2.300 euros, al cambio actual). El detenido usaba el alias de Mi Yuca. También, una identidad falsa mientras estuvo oculto en Galicia.
La investigación en Colombia sobre la banda a la que pertenecía Johni se inició cuando el hermano del líder del grupo confesó ante la Fiscalía. En el expediente de entrega, se especifica que la organización estaba dedicada "al sicariato", al "cobro extrajudicial" y "al ajusticiamiento selectivo" y cometía "torturas, homicidios y secuestros".
Según consta en la sentencia condenatoria, el reclamado era "uno de los personajes más mencionados en las confesiones de los secuestrados" y "uno de los integrantes [de la banda criminal] que más ganaba".