El decreto de más de 300 folios aprobado este martes por el Consejo de Ministros incluye una de las reivindicaciones ya habituales de la Abogacía: amplía las causas por las que pueden suspenderse juicios y otros actos judiciales.
Concretamente, aplica una modificación al artículo 746 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim), la norma que regula el proceso penal.
Una vez el decreto sea aprobado, la LECrim incluirá un nuevo párrafo que contempla la suspensión cuando un pariente cercano del letrado de cualquiera de las partes fallezca o sea hospitalizado o deba ser operado. Concretamente, afecta a un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
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Este decreto también incluye el siguiente nuevo párrafo: "Si la suspensión se solicita por haberse producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que otro abogado o abogada pueda hacerse cargo del asunto y prepararlo, se suspenderá el señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible en atención a su complejidad".
El Gobierno también ha modificado varios apartados de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en lo que afecta a la suspensión de los procedimientos. Como llevan años reivindicando los abogados, la norma contemplará, una vez se apruebe el decreto, las bajas de paternidad y maternidad, como motivos para suspender un procedimiento "para el período coincidente con el descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de Seguridad Social".
"La suspensión así solicitada afectará a todos los procedimientos en los que intervenga la persona profesional de la abogacía en cuestión", indica el nuevo texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"También se suspenderá el curso del procedimiento, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad", añade. "También se suspenderá el procedimiento por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente".
Críticas del ICAM
Ahora bien, la aprobación de este decreto, que incluye otras medidas económicas, sociales y laborales en sus más de 300 folios, coincide con la publicación, por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de un comunicado que denuncia el "colapso" de la Justicia en la capital de España.
El ICAM critica que el Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop, haya denegado uno de cada tres refuerzos que habían solicitado los juzgados madrileños.
Tal y como denuncia el Colegio de Abogados de Madrid, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia ya ha rechazado, alegando "razones de disponibilidad presupuestaria", ocho de las 28 solicitudes referidas a los juzgados de la comunidad autónoma. La petición fue formulada el pasado mes de abril al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la denegación de esta solicitud fue comunicada el 16 de junio.
Este lunes, además, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la vicedecana, Isabel Winkels, han denunciado en una comparecencia que la Administración de Justicia se encuentra "en situación de colapso" y "gravemente enferma", bajo un "Ministerio fantasma".
Esta situación, además, agrava las consecuencias ya provocadas por el impacto de la pandemia de la Covid-19, por la reciente huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y por los paros, aún vigentes, de los funcionarios de este departamento, que ya superan los dos meses de duración.
Colapso de la Justicia
En total, el Ministerio de Justicia ha denegado 49 medidas de refuerzo de Juzgados y Secciones de Audiencias Provinciales de toda España que se encuentran en situación de colapso, apoyos que había solicitado el CGPJ.
Aparte de los órganos judiciales de Madrid, se ven afectados por esta negativa la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Castilla-la Mancha.
Tampoco se han aprobado refuerzos para las Audiencias Provinciales de Málaga, Granada, Salamanca, Albacete, Valencia, Guadalajara, Álava, Guipúzcoa, La Coruña y Barcelona. Igualmente, se verán afectados por la falta de refuerzos diversos Juzgados de San Bartolomé de Tijarana, L'Hospitalet de Llobregat, Reus, Lérida, Baracaldo Santiago de Compostela, Cartagena, Gerona, Arrecife, Palma de Mallorca, Ayamonte, Alicante, Manacor, Inca, Ibiza, Bilbao, San Vicente de Raspeig, Córdoba, Arona, Telde y Villagarcía de Arosa.
Otra de las medidas de refuerzo que el Ministerio de Justicia ha denegado alegando razones económicas es la prórroga del apoyo que se venía prestando con un juez sustituto al Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han asegurado que todas las medidas de refuerzo solicitadas contaban con el informe favorable del Servicio de Inspección.
Según estas fuentes del órgano de gobierno de los jueces, existe una "necesidad objetiva" de aprobar esos refuerzos "a fin de garantizar un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional y evitar un grave perjuicio en el servicio público de Justicia".