El juez del caso Mascarillas ha citado a declarar como testigo a Antonio Prieto, el gerente de Madrid Salud, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid encargado de la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública.

Se trata del mismo funcionario que ordenó elaborar un informe sobre las mascarillas que los hoy investigados en este caso, Alberto Luceño y Luis Medina, vendieron al consistorio de la capital al inicio de la pandemia de la Covid-19.

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento en esta compraventa, así como en un contrato de guantes y un tercero, de test contra el coronavirus. Los dos imputados se embolsaron más de 6 millones de euros en comisiones.

Una providencia del juez Adolfo Carretero, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, cita a Prieto el próximo 16 de septiembre a las 11.00 de la mañana.

El partido Más Madrid, personado en esta causa como acusación popular, solicitó su citación, al considerar "imprescindibles" sus explicaciones sobre "los motivos que le llevaron al encargo de ese informe" y las alertas emitidas por el Ministerio de Trabajo ciertos documentos que acompañaban a las mascarillas y que, como desveló EL ESPAÑOL, eran falsos.

Tal y como consta en la documentación de la causa, el gerente de Madrid Salud mantuvo conversaciones por e-mail con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Esta funcionaria, que ya declaró como testigo, era la encargada de gestionar las compras sanitarias municipales durante la pandemia. Fue ella la que negoció, por WhatsApp, los términos de los contratos con Alberto Luceño.

En uno de los correos electrónicos, Prieto manifiesta a Collado lo siguiente: "Se supone que [las mascarillas] son FFP2, pero no aparece los certificados oficiales que lo garanticen y el organismo que emite el certificado es el mismo que ya nos alertó el Ministerio de Trabajo de que sus certificados no son válidos".

Según reza el escrito en el que Más Madrid solicitaba su citación como testigo, Antonio Prieto también debería dar explicaciones del resto de material adquirido por el consistorio —guantes y test de antígenos—, "facilitando la información de que disponga sobre la distribución y destino final de los test y los reactivos".

El informe

El pasado 17 de junio, declaró como testigo el funcionario de Madrid Salud que evaluó varias de las mascarillas. Ante el juez, Mario Tabasco, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud, puso en duda la calidad de los cubrebocas.

Aseguró que manipuló uno de ellos y su goma, al estirarla, se rasgó. Sin embargo, admitió que ningún empleado público que los usó se quejó de su calidad. Y en ningún caso Tabasco se opuso a que se utilizasen. También manifestó que no le constaba que Madrid Salud hubiera ordenado o efectuado un control de calidad en un laboratorio de las mascarillas.

El juez Carretero citó a Tabasco, precisamente, por sus e-mails con Antonio Prieto, quien le encargó una valoración de la documentación que acompañó el material. En el juzgado, el jefe de Riesgos Laborales también admitió que parte de la documentación, al estar redactada en chino, no pudo ser analizada en profundidad.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.